Editorial | El caso de León merece un análisis ad hoc

La pugna por el control de las bajas laborales por enfermedades y dolencias varias de los trabajadores no es nueva. Ni se ha acabado, a pesar de la cesión de los sindicatos en los últimos acuerdos gubernamentales sobre el diálogo social y los incrementos salariales. Empresas y mutuas siguen presionando, por la parte económica que las toca, para meter mano en la capacidad de dar de alta a los trabajadores con dolencias. También para tratarlos, dicen, de forma más rápida y eficiente. Aunque choquen con los criterios de los facultativos de la Seguridad Social.

El envejecimiento de la mayoría de los trabajadores, el atasco en diagnósticos y tratamiento de la sanidad pública y menos miedo a perder el empleo dicen los analistas que forman la tormenta perfecta que justifica un aumento y alargamiento de las bajas laborales que atosiga a las empresas. Argumentos en principio muy válidos para León, pero no diferentes a los del resto de la autonomía y las comunidades colindantes. ¿Qué explica entonces que en León las bajas laborales medias no sólo dupliquen la media nacional sino también casi la autonómica, en similar circunstancia? Sobra palabrería y falta análisis. Más allá de los prejuicios e intereses de los distintos agentes sociales.