Hágase y háganos un favor, dimita

Ni un día más, tras el 29 de enero, cuando ha sido citado a declarar como investigado por el Tribunal Supremo, debería permanecer el fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, en su puesto. No porque presuntamente sea culpable o inocente de un delito de revelación de secretos a cuenta del ‘caso del novio de Isabel Díaz Auso’, sino porque el máximo garante de la legalidad en un país no puede ser ‘piedra de escándalo’, ni estar día sí día no en los titulares ‘malos’ de los medios. Una democracia no está obligada a confiar en sus gobiernos, ni en sus medios de comunicación; pero sí ha de confiar en el gobierno de los jueces, en su Tribunal Constitucional y en su Fiscalía. Y, ciertamente, no estoy seguro de que este sea hoy el caso de España.

Creo que García Ortiz ha de irse cuanto antes, sí. Pero no solamente por eso: las asociaciones de fiscales han señalado su excesiva dependencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, su trato de favor a su antecesora, Dolores Delgado, y su ‘impermeabilidad’ ante los casos de corrupción que presuntamente cercan a La Moncloa. Difícilmente puede sostenerse alguien con una crítica tan abierta, tan generalizada, entre quienes teóricamente son —aunque en puridad no lo sean— sus subordinados. O sus iguales. Un fiscal, como un juez, no puede estar bajo sospecha.

Tan fuerte ha apostado Sánchez por la defensa de los suyos que ha impulsado una Proposición de Ley ‘de garantía y protección de derechos fundamentales’, que tendrá ante sí una dura batalla en el Congreso, con la que se trata de proteger legalmente tanto al fiscal general como a los dos familiares de Sánchez que se hallan bajo la lupa judicial, es decir, su mujer y su hermano. Sospecho que no habrá causas penales contra ellos, pero sí un fortísimo desgaste a nivel ético, estético y político por bordear un presunto, pero difícilmente demostrable en sede judicial, delito de tráfico de influencias, cuando menos. Y ese desgaste se hará evidente durante la tramitación legal de una proposición que ha sido calificada de ‘oportunista’ por la oposición, por asociaciones de jueces y, desde luego, por muchos sectores mediáticos. Todos ven con muy malos ojos este ‘oportunismo’ en una reforma que quizá pudiera tener alguna justificación —algunas acusaciones privadas son intolerables— pero ni así, ni aquí, ni ahora. Y, para culminar el surrealismo político, hasta Carles Puigdemont ha criticado esta Proposición porque... ¡¡va contra la Constitución!!, dice. Puigdemont, también presunto beneficiario de este proyecto legal salido del horno del ministro de Justicia, defendiendo la Constitución española. Ah, cosas veredes...

Puede que La Moncloa considerase una derrota la marcha del fiscal, pero sospecho que vería con alivio su dimisión, dado que el nivel de críticas que acumula se ha vuelto intolerable y, al final, los ataques se volverán contra el protector más que contra el protegido. Así, presidente, de ninguna manera acabará la Legislatura. Puede apostar.