Estancamiento de los fondos europeos

En septiembre de 2020, un servidor redactaba la Tribuna Viaje al escenario del pánico. Próxima generación UE 2021-2027, alegórica al desarrollo de algarabías y fanfarrias que preceden siempre a la llegada de esa especie de «cuerno de la abundancia» que supondrían las diversas clases de fondos y empréstitos previstos por España. en aquella época. Asimismo, les manifestaba, que comenzaban a correr rumores de que no se orientaban eficazmente las ayudas concedidas, y, únicamente un reducido número de ministerios cumplirían con los objetivos fijados inicialmente, dentro de una gran desigualdad de propósitos. Tiempo más tarde, (noviembre 2022), otros medios de comunicación se hacían eco de la admisión por parte del Gobierno, de que no sería capaz de cumplir en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la UE para optar y/o retener los fondos europeos, si se mantenía el atasco burocrático, mediante la asunción del «complejísimo universo que suponía tal empeño» Por ello, decidió recurrir por necesidad «urgente e inaplazable» a las grandes consultoras, (BIG FOUR), para tratar de alcanzar los hitos requeridos dentro de plazo y forma. Así reza en un documento oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de gestionar miles de millones de las subvenciones procedentes de Europa. Arduo pues, abordar esta tarea considerando la existencia de varios factores con posibilidades de colisionar:

Primero. Costes asociados a la contratación de expertos consultores: Una estimación puede tener un coste significativo oscilando aproximadamente entre 100 y 300 euros hora/ consultor. En contratos globales, entre 50.000 y 500.000 euros por proyecto, según complejidad y volumen de trabajo. Ante el supuesto de que España hubiese contratado equipos para gestionar esos 4.000 expedientes, (cifra manejada), y que cada expediente requiera entre 50 y 100 horas de trabajo profesional, el coste mínimo estimado sería, 4.000 expedientes x 50 horas x 100 euros/hora = 20 millones. Un segundo supuesto (coste máximo): 4.000 expedientes x 100 horas x 300 euros/hora = 120 millones. Se insiste, en que no se puede proporcionar cifras exactas sin datos concretos, aplicándose cálculos aproximados basados en información pública y práctica habitual.Segundo. Posible pérdida de los fondos debido a la expiración de plazos. Si los expedientes permanecen «varados» y algunos plazos expirasen, España podría perder parte de acceso a los fondos UE asignados, ascendentes a 140.000 millones de euros, divididos en subvenciones directas y préstamos. Suponiendo que, de los 4.000 expedientes relacionados con el total asignado, (140.000 Mills.) y presumiendo en forma óptima que una cifra entre un 5-10% sobre el anterior importe, aplicados a Expedientes, éstos resultaran fallidos, la magnitud del riesgo podría tratarse: Importes en riesgo: 5% de 140.000 millones = 7.000 millones. / Máximo en riesgo: 10% de 140.000 millones = 14.000 millones. Conclusión estimada optimista. Se adopta el ejemplo a los costes estimados y citados en punto Primero, asumiendo contratación, fuesen entre 20 y 120 millones, y, mientras por otro, los fondos en posición de riesgo debido a la expiración de plazos podrían situarse entre 7.000 y 14.000 millones. Si a lo anterior añadiésemos la consideración de impactos imprevistos, España podría empeorar enfrentándose a una posible combinación de pérdidas económicas directas (costes de gestión) e indirectas (fondos perdidos) que podrían superar ampliamente los 14.000 millones de euros. En ello, destaca la enorme importancia de fortalecer las capacidades técnicas y administrativas para minimizar riesgos. ¡Que los dioses nos protejan de los políticos!