Separatismo migratorio

La enésima claudicación del Estado ante el independentismo catalán en tiempos de Sánchez nace con el pecado original de casi todas las demás: no se inspira en los intereses generales sino en la supervivencia del presidente en la Moncloa. El acuerdo PSOE-Junts, ya convertido en «proposición de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración», llega al telar parlamentario entre ruidosas objeciones. Por la derecha (PP) y por la izquierda (Podemos), además del malestar corporativo de las policías nacionales (Guardia Civil y PN) y el parecer de muchos juristas que detectan puntos de muy dudosa constitucionalidad (ver artículo 149 de la Constitución.

Formalmente la iniciativa legislativa no es del Gobierno. Eso la exime de pasar ciertos controles institucionales de calidad antes de su deliberación y debate en el Congreso. Pero su polémica presentación en sociedad ya permite anticipar un camino difícil hacia el Boletín Oficial del Estado. Es más, algunos creemos que no tendrá un final feliz.

Todo lo demás gira en torno al fondo de la cuestión. No nos engañemos. El separatismo migratorio que se diseña en el acuerdo, al igual que el separatismo fiscal diseñado en la llamada financiación «singular» de Cataluña, pone a disposición del independentismo herramientas llamadas a reforzar el discurso identitario de ERC y Junts cuando vuelva a plantearse el desafío secesionista.

Menos Estado y más autogobierno. Es la clave. Y en eso coinciden los dos socorristas del Gobierno, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Desde la izquierda nacional, Podemos insiste en el sesgo identitario de un pacto migratorio que prioriza la catalanidad y reproduce lemas propios de la ultraderecha. Por su parte, el líder del PP, Núñez Feijóo, lo denuncia como «una humillación sin precedentes». Y en cuanto a los hacedores del pacto, se emiten dos discursos reñidos: ¿Estamos ante el traspaso de una competencia exclusiva del Estado, como se sugiere en Junts (Puigdemont habla de «ventanilla única «, «modelo propio» y «competencia integral») o, como sostiene la ministra de las Migraciones, Elma Saiz, no es un traspaso sino una reversible delegación de competencias? Al menos deberían ponerse de acuerdo en eso.