Derechos digitales: la promesa rota

Llevamos años aprendiendo el vocabulario del entorno digital del siglo XXI —ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial, etc.— mientras las instituciones retroceden en su tarea de protección y perfeccionan el arte de estar sin actuar.

La censura que no se llama censura, sino Hodio.

El discurso del odio es un problema real. Pero el control de contenido mediante la moderación algorítmica a gran escala genera daños colaterales graves: la supresión sistemática y opaca de contenidos legítimos. Los algoritmos no entienden el contexto, la ironía ni el periodismo incómodo; clasifican por patrones estadísticos, y en ese proceso silencian «lo que no conviene» con una eficacia e inmediatez que ningún censor tradicional habría soñado. Lo más grave no es el posible error —inevitable en cualquier sistema— sino la ausencia de preocupación por mitigarlo. La decisión es del algoritmo; el algoritmo es de la plataforma; y a la plataforma se le exige que rinda cuentas solo si no censura rápido (bien o mal, es irrelevante). La Administración Pública, lejos de exigir transparencia y rendición de cuentas, contempla con indiferencia este paisaje.

Verificar la edad, «por los niños».

Pocos objetivos suenan tan razonables como proteger a los menores en internet. La verificación de edad parece, a primera vista, una medida muy sensata. El problema está en los detalles, y esto importa si hablamos de solidez en el resultado por el riesgo de desvelar identidades reales de personas. Las propuestas conocidas hasta ahora implican crear, en algún punto de la cadena, un registro de quién accede a qué contenido, bajo la promesa de «ciberseguridad». Nos dicen que los datos son anonimizados mientras desprecian los riesgos de brechas y filtraciones de esos datos identificativos. Pero los ciudadanos somos conscientes y lo vemos con recelo. Más aún si nos obligasen a añadir datos biométricos y a hacernos personalmente responsables de su custodia segura, alojándolos en nuestro dispositivo. Por una parte nos consideran unos ineptos, como adultos, como padres, incapaces de educar a los niños en el buen uso de un smartphone —control parental—, pero somos súper expertos en tecnología para instalarnos aplicaciones de identidad o de gestión bancaria y gestionar los riesgos. Incoherencias incómodas.

El fisco en la red y el scoring social.

La Agencia Tributaria lleva años perfeccionando técnicas de perfilado digital de los contribuyentes. El objetivo declarado es loable: combatir el fraude fiscal. Pero las herramientas —cruce de datos de redes sociales, inferencias sobre nivel de vida a partir del comportamiento en plataformas— operan en una zona jurídica gris que no se está sometiendo al escrutinio que merece. Cuando publicas una foto de tus vacaciones no firmas ningún consentimiento para que esa imagen sea analizada por algoritmos fiscales, ni existe ley que lo permita. Cellebrite Pathfinder se adopta por la administración tributaria como instrumento de vigilancia masiva sin límites, solo silencio. Y no se defiende el fraude, sino el respeto al principio de proporcionalidad y las bases legítimas del Estado de Derecho en la responsabilidad de prohibir injerencias caprichosas en la vida de los ciudadanos.

Quiebra la neutralidad de la red de la Carta de Derechos Digitales

Polémicos son también los bloqueos masivos de internet —#LaLigaGate– cada vez que hay partido de fútbol. Para proteger un negocio privado en España se ha permitido romper el de otro —miles, e igual de legítimos— sin rendir cuentas a nadie. Cada fin de semana revienta la Carta de Derechos Digitales y sus principios básicos tales como la neutralidad tecnológica de la red, el derecho a la libertad de empresa, o los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Todo ocurre, bajo el supuesto cumplimiento de una sentencia, excusa y bandera de la pasividad de las administraciones públicas competentes. Se interpreta y afirma que un juez ha habilitado a una empresa, La Liga, para tumbar contenidos/negocios online lícitos o no, y con independencia de si conculcan los derechos de otros miles ciudadanos que nada tienen que ver ni con la causa ni con la piratería de fútbol. Pero este gol no cuela. Explicar así el silencio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Digitalización, o el Defensor del Pueblo, es muy peligroso, roza incluso la calumnia. Una sentencia no puede recoger medidas injustas o contrarias a Derecho, que cada fin de semana impidan de manera notoria y arbitraria el ejercicio legítimo de sus derechos a miles de ciudadanos.

El silencio que lo explica todo.

Las instituciones deben protegernos, no es una opción. Las leyes existen y las competencias para actuar están bien delimitadas. La propia Constitución española (art. 9.2 CE) les dice que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Pero este no es el problema, ni judicial ni legal, sino de voluntad política.

El resultado es que los ciudadanos somos hoy más conscientes que nunca de nuestros derechos digitales, pero se está abriendo una brecha en su libre ejercicio que ni la inteligencia artificial preveía… ¿Será hora de reivindicar el derecho a elegir un «tribunal de la IA» para conciliar o resolver ciertas cosas?

Mientras este tipo de brechas continúen abriéndose, hablar de derechos digitales será, en buena medida, hablar de una promesa rota.