Fuego y democracia

La crónica forestal de este verano insiste en el mismo balance material: con los incendios de Espina de Tremor, Congosto o Ferreras, León vuelve a arder mientras las hectáreas quemadas se acumulan en los partes. La tentación inmediata ante la ceniza es culpar a la mala suerte, a la sequía o a una serie de tormentas secas. Pero la realidad es más fría. La situación de los montes es solo la costra visible de una quiebra mucho más profunda: la de la legitimidad del mando. En el fondo, el monte no arde únicamente por la sequedad de la maleza o la falta de medios; también arde porque los que administran sienten cada vez menos la necesidad de explicarse ante quienes soportan las consecuencias respirando el humo.

Una comunidad aguanta la escasez si percibe que su voz cuenta en las decisiones. La fractura democrática llega cuando el daño es sistemático —la sangría de los pueblos o el retraso de los medios prometidos— y el poder centralizado sigue echando balones fuera. En Castilla y León, la reiteración del desastre no produce correcciones políticas proporcionales. Con las últimas elecciones autonómicas y la continuidad de los responsables de la tragedia del verano pasado de nuevo al frente, se constata que la ceniza tampoco altera la arquitectura del poder. El mando absorbe la crisis mediante el relevo de nombres propios y la promesa de nuevas comisiones, movimientos que sirven para desviar la atención mientras se mantiene la inercia del modelo. Por eso que nadie se extrañe de que el modelo autonómico encuentre en León un cuestionamiento estructural que no se replica en otras territorios. No es solo una reacción al acontecimiento; se acumula sobre el poso histórico y se reactiva cada vez que la comunidad constata que el territorio que ha construido y siente como propio ha sido convertido en un mero objeto de gestión mercantil, gobernado a sus espaldas. La pruebas se repiten: la Junta sigue ofreciendo contratos millonarios a empresas privadas pese a haber asegurado un operativo público tras las últimas catástrofes o se demoran medios que habían sido prometidos. La privatización del cuidado demuestra que, para el Estado gerencial, el monte ya no es el patrimonio de una comunidad a la que defender, sino un pliego de condiciones técnicas que licitar. El coste político de un valle calcinado desaparece cuando puede disolverse entre subcontratas y responsabilidades difusas. Vaciar un territorio no consiste únicamente en dejarlo sin habitantes, sino en despojarlo de la capacidad de obligar al poder a justificarse. Cuando esa facultad se pierde, el territorio deja de ser el principal valor de un sujeto político para convertirse en una periferia administrable. La distancia entre el despacho que firma la licitación y la ladera que se quema es ya tan vasta que la explicación ha dejado de ser necesaria y el grupo humano se desactiva políticamente. Esta es la forma más profunda y radical de abandono: una intemperie política que siempre llega antes que la despoblación y que las llamas.