Las narcolabranzas de marihuana echan raíces en montes y campos leoneses
Plantación de marihuana en Santa Marina del Rey.
Recientemente, la prensa informaba sobre la incautación por parte de la Guardia Civil de 155 kilos de marihuana en dos plantaciones en la zona de La Bañeza y Jiménez de Jamuz, en el marco de la operación «Cannacan», saldada con tres detenidos, uno de ellos de 80 años. Los 155 kilos intervenidos correspondían a material en distintas fases de producción. El detalle es importante para determinar el valor del alijo.
Si la cantidad requisada fuera ya de marihuana lista para su comercialización, a un precio aproximado y fluctuante de 6 euros el gramo en el mercado negro, estaríamos ante un lote que movería una muy considerable suma de dinero en los últimos eslabones de la venta callejera. Si, por el contrario, los 155 kilos correspondieran a material vegetal todavía sin tratar, la cuantía sería inferior, aunque no por ello desdeñable. Hay que tener en cuenta que no todas las partes de la Cannabis sativa son aprovechables. Esta actuación no es un fenómeno nuevo ni aislado. Hace tiempo, la Policía Nacional decomisó 748 plantas de marihuana que, en conjunto, rozaban la tonelada, en una nave industrial a las afueras de León, durante la operación «Vitalino». Las intervenciones de las fuerzas de seguridad nos llevan, una vez más, a dar la voz de alarma sobre las narcolabranzas que aparecen tanto en los montes comunales de la provincia leonesa como en las tierras de ribera, normalmente disimuladas entre otros cultivos, sin olvidar huertas, casas de campo y naves apartadas. Detrás de la producción clandestina de marihuana en estas zonas hay varias razones: la demanda, la tentación de ganar dinero fácil y la creencia de que en los pueblos, sobre todo en los menos habitados, resulta más sencilla la ocultación. Desde el punto de vista criminológico, lo que estamos viendo es cómo terrenos rurales se utilizan, lejos de miradas indiscretas, para cultivar cannabis al margen de la ley. Unas veces se trata de pequeñas plantaciones destinadas al suministro propio y otras de auténticas explotaciones organizadas para abastecer el mercado negro. Conviene recordar que cultivar marihuana para venderla, incluso con el pretexto de «sacarse unos eurillos con los colegas», constituye un delito contra la salud pública, en su modalidad de narcotráfico. Por otro lado, en España no hay un número concreto de plantas que garantice automáticamente la legalidad para autoconsumo. La valoración policial y judicial depende de las circunstancias concurrentes: cantidad, destino, medios de producción, instrumentos de pesaje y envasado, dinero intervenido y otros indicios de comercialización. El artículo 368 del Código Penal prevé penas que, para el cannabis, alcanzan los tres años de prisión. Más allá del componente policial y penal, permanece una cuestión sanitaria y social que no debería minimizarse. La banalización del cultivo de marihuana y de su posterior venta y consumo, bajo la etiqueta de «droga blanda», contribuye a una percepción equivocada de sus riesgos, especialmente entre los jóvenes. El cannabis no es una sustancia inocua. Su consumo, particularmente cuando es frecuente, precoz o de elevada concentración de THC, afecta a las funciones cognitivas, además de favorecer problemas de dependencia y determinados trastornos de salud mental en personas vulnerables, y por supuesto son la puerta de entrada a otras sustancias más devastadoras. La marihuana no deja de ser droga porque crezca entre maizales, robledales o en la huerta de atrás de un vecino de 80 años, inconsciente y codicioso, o de su nieto tarambana. La lección es clara: lo que empieza como un negocio de dinero supuestamente fácil, acaba en delito de narcotráfico y pena de prisión. Y entonces ya es demasiado tarde.