Un estado enfermo.

Mi hija tiene seis años y un grado de discapacidad de casi el 90%. En el baremo de la Ley de Dependencia, le corresponde el grado más alto. El Ministerio ha reducido en un 15% la cuantía de la prestación que recibía (500€/mes). En Castilla y León, se ha reducido otro 15% adicional, más un “aviso” de que se reducirá un 10% en 2013 y otro 10% en 2014. Es decir, en resumen, la “enorme prestación” de 500 € al mes quedará en 250 €. Normalmente, las personas dependientes con el grado máximo reconocido tienen problemas añadidos de movilidad reducida, de alimentación especial, de medicación costosa, de cuidados añadidos, que suponen, siempre, gastos importantes. Desde una silla de ruedas a la adaptación de un baño, a sesiones de fisioterapia, a sondas de alimentación, a camas especiales, a grúas de transporte... Hasta ahora existían ayudas, pocas y escasas, ahora tampoco. Ahora se tendrá que hacer frente a estos gastos con 250 € al mes. Las clases de niños con discapacidad severa tenían un ratio de cuatro niños por clase, teniendo en cuenta que en estos casos más importante que aprender conocimientos es la vigilancia continua en caso de crisis, la ingesta de alimentos, las sesiones de fisioterapia, de logopedia, la utilización de apartatos de ortopedia, etc. Pues bien, ahora el ratio se ha modificado para que haya seis niños por clase. Obviamente los maestros de educación especial y los cuidadores no tienen ojos en la espalda, y aunque los tuvieran, no tienen diez manos, sólo dos. Para el Consejero de Educación la situación es la misma que una clase de 25 niños que pasa a tener 30. Se aplican criterios de eficacia y economía. Ofende con solo pensarlo. Dice la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que hoy lo es de servicios sociales y mañana lo será de agricultura, o de fomento, y se olvidará de los dependientes, que sin embargo no se olvidarán de ella, que se trata de fomentar la prestación de servicios de forma profesional, en detrimento de los cuidados en el ámbito familiar. Llamo a la Gerencia de Servicios Sociales y me dicen que esa apuesta por la profesionalización se refiere a quienes inicien expedientes de dependencia. Incluso en esos casos es absurdo. Frente a la cuantía percibida hasta ahora con el grado máximo, que sí podía ayudar o compensar a quien realizaba los cuidados en el ámbito familiar, ahora se ofrecen “un par de horas” de ayuda a domicilio, una lista de espera en un centro de día... Pero además, para quienes ya tienen el grado de dependencia reconocido, ni oferta profesional ni nada de nada. Reducción del 50% pura y dura. Frente a esta situación se continúan conociendo gastos absurdos, subvenciones directas a entidades oscuras, contratos opacos, recortes sólo a los desfavorecidos, pensiones e indemnizaciones vergonzosas... Por encima de esta Consejera, de este Consejero, hay un Presidente de la Junta de Castilla y León. Además de deuda, déficit, mayorías, partidos, que seguro le ocupan mucho tiempo ¿Ha pensado alguna vez cinco minutos en la situación real de las personas dependientes? Le pido cinco minutos, señor Herrera, para que se ponga en el lugar de cualquiera de ellos. Un estado social, un estado democrático y de derecho como nuestra Constitución define a España, es absolutamente incompatible con el ataque frontal a los dependientes que suponen estas medidas. Hay 50, 100, 1000 gastos que recortar antes que tocar un euro de prestaciones a personas dependientes. Un estado que no protege a sus ciudadanos más indefensos es un estado enfermo. Lamentablemente, parece que tanto España como la Comunidad de Castilla y León están en la UCI.