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León

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Siguen creciendo los enanos en la Generalidad catalana. Ahora la Oficina Antifraude, a la que el ejecutivo de la Generalidad, presidido por Arturo, estudia la eliminación de la misma ¿por qué y para qué será?¿para borrar, presuntamente, todos los resquicios de fraude, prevaricaciones y demás?. Esta oficina ha pedido la destitución de los cargos públicos que estén imputados, y, ahora, hay cuatro diputados bajo sospecha, tres por corrupción y una, de CiU, Ana Solé Ramos, por un supuesto delito de prevaricación. Los otros son Javier Crespo, de CiU y que fué alcalde de Lloret de Mar, por la "Operación Clotilde", la mafia rusa en Lloret; Daniel Fernández, del PSC (estos siempre quieren estar en la pomada) en igual situación por el "caso Mercurio", pero que conserva su escaño en el Parlamento catalán, y Fernando Falcó, diputado por CiU, imputado en el caso Adigsa, implicado en el célebre 3% cuando era presidente de esta empresa. Ahora es presidente de las comisiones de Bienestar y Familia y de la Sindicatura de Cuentas. Ha salido un quinto "prójimo", José Valls, de CiU también, teniente de alcalde de Lloret, imputado por cohecho, es decir, por sobornos. Con todos estos casos, ¿por qué se persigue con tanta pasión la independencia catalana?¿empieza a verse algo de claridad en ello? Esto empieza a oler muy mal, está ya casi putrefacto. y precisamente ahora, CiU y PSC, colocan a dos de estos implicados: Crespo y Fernández, con una vicepresidencia de la comisión de Empresas y Ocupación al primero, y una presidencia de la Juventud, y secretario de Asuntos Institucionales, al segundo. Los otros partidos del Parlamento, están que echan baba por la boca por esta desfachatez de la que hace gala CiU y PSC y sin importarles un comino lo que se diga.

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