Chapuza al limitar el tráfico a la que saca los colores el Procurador

El objetivo de «calmar» el tráfico en las ciudades seguramente es compartido por buena parte de los ciudadanos. Aunque se trata de un asunto de gran trascendencia, tanto para los vecinos como para los que intentan mantener vivos sus comercios en lugares que pueden acabar siendo inaccesibles con un vehículo. Parece lógico que se apueste por buscar el bien común, por ese diálogo que tanto se proclama pero que tan poco se práctica. Y todo esto con un exquisito cumplimiento de la legalidad.

Las zonas a las que se les está limitando el tráfico en la ciudad de León han generado un agrio debate social. Parece entendible que las cosas no alcancen la unanimidad, tanto por las posturas egoístas como por esa posibilidad de defender criterios divergentes que sí facilitan las democracias. Lo sorprendente es que tenga que ser el Procurador del Común el que saque los colores por las prácticas ilegales del Ayuntamiento de la capital. En una institución que cuenta con suficientes asesores legales deberían tramitarse los asuntos sin generar dudas. Cabe preguntarse cómo se ha actuado para llegar a este punto. El Procurador pone en evidencia que se está maniobrando por la puerta de atrás, incluso incurriendo en contradicciones y en medias verdades, con respuestas a esta institución en las que no se le ha informado debidamente sobre la realidad.

El Partido Popular aprovecha para criticar el afán del alcalde de imponer unas restricciones «por la puerta de atrás»: «Durante meses hemos venido denunciando el engaño, la improvisación y la falta de diálogo del alcalde tomando esta decisión, que no pretendía otra cosa sino implantar sin las garantías legales una ZBE con duras restricciones para los leoneses».

El asunto requiere una explicación clara, y también que se debata públicamente sobre los objetivos y se persiga el máximo consenso posible. Sin más chapuzas.