Diario de León

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En cuestión de unas pocas semanas se cumplirán cinco años desde la irrupción del covid en nuestras vidas. Una situación anómala, que derivó en coyunturas que eran totalmente imprevisibles y con unas consecuencias que se extienden aunque el tiempo sigue avanzando. En lo económico, permiten a España mantener el pulso con datos macroeconómicos positivos. La caída fue tan drástica que ahora el país sigue levantándose, lo que le facilita continuar como uno de los mejores en recuperación de balances, como en el PIB. Pero el proceso de este lustro ha precisado, entre otras cosas, unas ayudas públicas que amenazan con convertirse ahora en un problema judicial.

La solución de los créditos ICO fue clave para mantener la estructura económica y laboral en un país que se vio singularmente paralizado por su excesiva dependencia del sector servicios, y especialmente del turismo, que sigue siendo la primera industria del país. Aquellas ayudas no eran a fondo perdido y el paso del tiempo ha provocado que tengan que asumirse sus consecuencias. El conflicto amenaza ahora la situación de los juzgados, con la previsión de que llegue una avalancha de causas derivadas de la obligación a la hora de devolver las ayudas percibidas por el covid.

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