Incapacidad de gestión inaceptable

La capacidad de gestionar los recursos disponibles al servicio de los ciudadanos es lo mínimo exigible a las administraciones públicas. Más cuando esos recursos van destinados a atender las necesidades de la población más vulnerable. Y, sobre todo, cuando llegan de entidades superiores, es decir, se ponen en bandeja a quienes están encargados de emplearlos con eficiencia, en forma de proyectos desarrollados y ejecutados en tiempo y forma. Ni una cosa ni otra ha hecho el equipo de gobierno de San Andrés del Rabanado. La UPL, en un traspié más al frente de un ayuntamiento complejo, pierde ahora más de medio millón de euros del montante de 1,3 millones que le entrega la Junta de Castilla y León para atender servicios como la inclusión social o la ayuda a domicilio, entre otros. Ni con el apoyo de los técnicos autonómicos ha sido capaz de argumentar y ofrecer estos servicios, ni de contratar al personal necesario para prestarlos. Resulta inconcebible que cualquier gestor público sea incompetente en la ejecución del gasto, porque con ello priva a los ciudadanos de infraestructuras y servicios que financian con sus impuestos. Inconcebible también que la precaria estabilidad en San Andrés no cuente con el apoyo de la oposición ni siquiera para atender a sus vecinos más necesitados.