Estabilidad en la atención sanitaria

El conflicto entre el actual Gobierno y las compañías sanitarias está generando un daño injusto y sinsentido a muchos ciudadanos y a sus familias. Los trabajadores públicos tienen también derecho a vivir con tranquilidad, sin estar pendientes de un innecesario temor a que la atención médica que reciben ellos y sus familias pueda complicarse. El perjuicio hacia personas ajenas a este pulso probablemente no se ha destacado lo suficiente, puesto que también llega a los funcionarios jubilados, que con edades avanzadas temen la posiblidad de verse abocados a unas alteraciones que serían tan molestas como perjudiciales. Quizá valga el ejemplo de los que en estos momentos están recibiendo algún tipo de seguimiento médico o incluso de tratamiento sin saber cuál podría ser su situación en cuestión de meses, si no se zanja de manera correcta el imprescindible pacto entre Muface y las aseguradoras.

Afortunadamente la situación ha sido estabilizada en el caso de los otros dos grandes colectivos de trabajadores públicos, los militares y los empleados de Justicia. El Gobierno ha cerrado el acuerdo en el caso de Isfas —fuerzas armadas— y de Mugeju —Poder Judicial—. El asunto afecta en la provincia de León a unas 12.000 personas. Pero hay otras 18.000 con su futuro en el aire.