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La Alianza UPA-COAG ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las industrias azucareras y a la propia Junta para que se sienten y aborden el tema de los «precios ruinosos» que «hacen inviable la producción» de remolacha. El problema es la penalización que sufrirán los productores sujetos a contrato agroambiental y que se verán obligados a sembrar remolacha en la campaña 2025/2026 cuando su situación es tan precaria. Resalta el colectivo que la inminente decisión sobre qué se sembrará obliga a la administración autonómica a actuar con celeridad para resolver este conflicto, que afecta a agricultura de la provincia. La Alianza recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe el pago de precios por debajo del coste de producción.