Recursos para retirar el amianto de los pueblos

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022 obliga a inventariar y planificar la retirada del amianto en centros públicos, una normativa que encomienda la labor a los ayuntamientos, sean cuales sean sus recursos y su población. De ahí que el Procurador del Común haya emitido una resolución de oficio para instar tanto a la Diputación como al Consejo Comarcal del Bierzo a que presten el apoyo técnico, jurídico y económico a los pequeños municipios que no tienen a su alcance los fondos necesarios para enmendar una situación que afecta a la salud de sus vecinos, especialmente a los más vulnerables, y que tiene como fecha límite 2028. No hay más opción que actuar con diligencia y atender al Procurador para retirar un elemento que envenena a la población.