La Junta acelera, el Gobierno titubea

La devastación causada por los incendios forestales de este verano, con ocho víctimas mortales y cuantiosos daños en infraestructuras, comercios y bienes culturales, exige una respuesta inmediata y efectiva. Mientras la Junta de Castilla y León ha demostrado agilidad y compromiso con los afectados, el Gobierno central, con su anuncio de ayudas aprobado ayer, parece atrapado en su propia burocracia, ofreciendo promesas vagas que auguran más demoras que soluciones. La Junta, consciente de la urgencia, activó ayer mismo líneas de financiación específicas a través del Instituto para la Competitividad Empresarial e Iberaval. En contraste, el Gobierno central ha declarado las zonas afectadas como gravemente damnificadas, pero su anuncio de ayudas, amparado en la Ley de Protección Civil, se diluye en un mar de generalidades. Al mezclar los incendios con otras 121 emergencias nacionales, desde inundaciones hasta eventos pasados, el Ejecutivo de Sánchez admite implícitamente que la tramitación será lenta. ¿Dónde está la claridad en plazos y cuantías? ¿Cómo se priorizarán los recursos? La vaguedad de su propuesta contrasta con la precisión de Castilla y León, que ya tiene oficinas en Ponferrada y otras capitales de provincia trabajando en las solicitudes.