Contra el fraude fiscal pero con garantías

La inminente entrada en vigor de Verifactu como sistema obligatorio de facturación certificada, en enero para empresas y en julio para autónomos, se presenta como la herramienta más avanzada en la lucha contra el fraude fiscal, aunque tras esta digitalización forzada hay un desconcierto palpable entre los más de 30.000 autónomos leoneses que se verán afectados por su implantación. El tejido empresarial de León, que a falta de industria se asienta en pymes y emprendedores, teme que este desembarco pueda ser una carga más en su balance y una fuente de incertidumbre difícil de calibrar. De entrada, el temor inicial pasa por el coste de adaptación tecnológica que puede suponer un importante gasto extra para las cuentas de los autónomos para adquirir software homologado y certificado. A ello se suma la falta de formación, la presión para cambiar su funcionamiento habitual y la precariedad informativa que puede complicar aún más la puesta en marcha de la nueva normativa en los pequeños negocios. No es cuestionable que se frene de forma eficaz el fraude fiscal, un mal que perjudica a todos los ciudadanos por igual. Pero además de obligaciones, pymes y autónomos deben poder contar con un asesoramiento integral y gratuito para cumplir la normativa con garantías.