Seguridad jurídica con coste para León

El Ayuntamiento de León ha salido escaldado de sus intentos de regular la tasa de tratamiento de las basuras y ha decidido no arriesgar más. Después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara las dos últimas ordenanzas, lo que ha implicado una pérdida de ingresos para la ciudad de más de 15 millones de euros correspondientes a los ejercicios de entre 2024 y 2026, el equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez no se fía más de la competencia de la Concejalía de Hacienda y ha decidido recurrir a asesores externos para asegurar que la normativa que se apruebe para hacer efectivo por fin el cobro en el ejercicio de 2027 no estalle de nuevo en la cara del regidor. Lo que, por otra parte, sería intolerable.

La decisión tendrá un coste para las arcas públicas municipales, pero al menos debería asegurar que los ingresos del Ayuntamiento no seguirán perdiendo cantidades millonarias. No solo los 15,3 millones de euros que no recaudará de los tres ejercicios anulados judicialmente, sino la farragosa factura de tener que devolver los recibos indebidamente cobrados, y el tiempo que los empleados públicos deben dedicar a esta tarea, complicada a veces hasta el extremo con las nuevas fórmulas de pago. Quizá ahora, con ayuda externa, sea al fin la vencida.