Junta, Gobierno y política migratoria
El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno central se ha convertido en el primer foco de tensión abierto entre el Ejecutivo y la Junta de Castilla y León, gobernada por la coalición PP-Vox.
Las autoridades autonómicas han criticado duramente la gestión del procedimiento, que consideran «mal planteado y ejecutado con una grave falta de previsión». El principal punto de fricción se centra en las cifras. Inicialmente se estimaba que en la provincia de León se beneficiarían unos 3.000 inmigrantes. Sin embargo, las previsiones actuales indican que el número de expedientes que obtendrán la regularización podría duplicarse, alcanzando los 6.000 solo en esta provincia.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni Moncloa han respondido a las críticas de la Junta de Castilla y León. Este primer choque abre un nuevo frente en las relaciones entre el Gobierno y una de las comunidades gobernadas por el principal partido de la oposición, en un asunto especialmente sensible como es la política migratoria.
La regularización extraordinaria, anunciada como una medida humanitaria y de ordenamiento, ha saturado el sistema pese a todos los avisos.