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La implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el marco de la Ley de Eficiencia pretendía descongestionar la administración de justicia reduciendo los litigos. Sin embargo, la realidad demuestra que estas soluciones globales no tienen en cuenta la complicación del Derecho de Familia. Lo demuestra el rechazo inicial planteado por los colectivos profesionales de Madrid y Barcelona, al que se suma ahora la abogacía de León. En sus argumentos, explican que el mecanismo ideado para agilizar procesos se ha transformado en una traba burocrática, precisamente en un área especialmente sensible para el ciudadano y que soporta una gran saturación. Los datos del Consejo General del Poder Judicial en León muestran que las dos plazas dedicadas a esta materia tramitaron 2.175 expedientes en un año, asumiendo cerca de 2.000 nuevos ingresos y manteniendo más de 800 causas pendientes de resolución. Con este escenario, imponer una etapa negociadora previa no disminuye el conflicto, sino que pospone el acceso a los tribunales y cronifica disputas en el ámbito familiar. La mediación es un recurso valioso si es aceptado por las partes pero convertida en una obligación genera el efecto contrario al previsto y ahonda en la inseguridad jurídica de los afectados.