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El caso de las piscinas climatizadas de Ponferrada exhibe hasta qué punto existen herencias envenenadas en la gestión de lo público. Cuando el actual equipo de gobierno municipal tomó posesión, se encontró con que las instalaciones ubicadas en El Toralín presentaban una degradación y un nivel de abandono extremos. Planteaban un riesgo cierto para los usuarios, por la existencia de deficiencias en todos los órdenes. Se hizo necesario afrontar una renovación total de las instalaciones, lo que precisó la búsqueda de financiación y un periodo de obras que se extenderá aún hasta el primer mes de 2027. Habrán transcurrido tres años y medio en los que los ciudadanos no han podido usar sus piscinas, lo que pone en clara evidencia a los anteriores inquilinos que tuvo el Ayuntamiento.