La factura de la injusticia

Estamos hablando mucho del espionaje a políticos, más conocidos por sus intentos de dar un golpe de Estado --afortunadamente fracasado-- y de comprometerse a volver a intentarlo cuando sea posible, que de otros problemas que afectan a la solidez del Estado de Derecho. Me refiero, por ejemplo, a la grave inestabilidad en la Fiscalía General del Estado, acentuada desde la llegada a ese cargo de la actual fiscal general Dolores Delgado y que esta semana pasada ha sufrido un grave varapalo en las elecciones al Consejo Fiscal. Antes, Delgado tenía mayoría con tres votos por cargos de designación directa y cuatro de la asociación a la que pertenecía y a la que ha privilegiado durante su mandato, pese a ser minoritaria. Ahora solo tendrá cinco --tres más dos-- frente a siete elegidos directamente. Los fiscales están hartos de su gestión y de sus nombramientos, el Supremo le ha revocado un importante nombramiento por una discrecionalidad inmotivada, el Gobierno le ha garantizado su ascenso cuando cese en el cargo y hasta los ciudadanos perciben su arbitrariedad. La independencia de la Fiscalía nunca ha estado más cuestionada.

Hay muchas más cuestiones en una Justicia que no funciona, a pesar de que tenemos buenos jueces y fiscales. La falta de organización; la burocracia; la lentitud --se están convocando juicios por despidos o por reclamaciones del Ingreso Mínimo Vital para dentro de tres o cuatro años--; la pésima ejecución de las sentencias --los procuradores han denunciado que hay 11.000 millones de euros retenidos en los juzgados que es lo que se gastó España en infraestructuras en 2021--; en 2020 se dictaron 12.500 normas nuevas y las leyes, normas y reglamentos de 2021 ocupan más de un millón de páginas en los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas... El Consejo de Estado ha reprobado diversas leyes por su mala calidad legislativa o sus errores. El Tribunal Supremo está colapsado por decisión del Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado por la incapacidad del PSOE y PP de llegar a un acuerdo. En resumen, inseguridad jurídica y descrédito de la justicia, a nivel nacional e internacional. Y graves repercusiones económicas para todos.