Sueldos de escándalo
Con viento fresco josé a. balboa de paz
Puede que haya algo demagógico en los datos ofrecidos por el ministro de Fomento sobre los sueldos de los controlador es aéreos, incluso es posible que sus declaraciones no sean mas que una cortina de humo sobre los problemas de los aeropuertos españoles y su déficit crónico, que a él competen; pero las cifras son escandalosas a tenor de la revelación del ministro José Blanco: «No es posible que tengamos 713 controladores que cobren entre 340.000 y 540.000 euros» al año; o que la retribución media de los controladores haya sido en 2007 de 304.974 euros anuales. Sin embargo, lo que no dice el ministro es que esas cifras escandalosas, pero legales y autorizadas por él mismo, vienen arrastrándose desde muchos años atrás con gobiernos de Felipe González, Aznar y Rodríguez Zapatero; cifras, en gran parte, logradas por medio del chantaje de un colectivo que no llega a las 2.400 personas, pero fundamental para la navegación aérea.
Pese a la gravedad de estas cifras, lo escandaloso no deja de ser mas que una apreciación subjetiva, aunque real, sino utilizamos algún parámetro con el que podamos compararlas. Por ejemplo resultan escandalosas si las comparamos con el Salario Mínimo Interprofesional que, por ejemplo el año pasado, el gobierno socialista fijó en 624 euros al mes, es decir poco más de 8.500 euros al año. Incluso son escandalosas si los comparamos con los sueldos del presidente del Gobierno (91.982 euros) o de sus ministros. Pero, quizá ya no resultan tan escandalosas si las comparamos con algunos altos cargos del Estado, como el sueldo de José Bono como presidente de la Cámara Baja (193.399 euros), o los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (146.342 euros). Aún resultan mucho menos escandalosas si las comparamos con el salario percibido, por varias fuentes de ingresos, por la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, que en 2009, al menos, recibió una cantidad de 228.000 euros anuales.
No es mi objetivo buscar ahora una explicación histórica a las desigualdades sociales, a imitación de las teorías clásicas de Rousseau o Marx, ni siquiera deseo referirme a cómo la crisis económica, que va por barrios, ha puesto al descubierto la distancia abismal entre los distintos países y entre los diferentes grupos sociales en el mismo país. Es de sobra conocido, en el nuestro, las penurias de casi cuatro millones de parados y el miedo al paro de otros tantos, así como las dificultades para llegar a final de mes de muchos pensionistas. Pero sí podría referirme, por ejemplo, al diferente trato fiscal que este gobierno socialista ejercita sobre ricos y pobres. Así, mientras 16 millones de pequeños ahorradores tributan un 18 por ciento por sus ahorros, las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), que mueve un capital de 27.000 millones de euros en manos de unas tres mil grandes fortunas sólo tributan el uno por ciento. ¡Todo ello muy socialista!
Pero no son las desigualdades en la sociedad civil, con ser muchas y graves, lo único que escandaliza a los españoles, sino las desigualdades en la vida pública, entre los políticos e incluso entre los funcionarios. Los políticos, los honrados no los corruptos, han hecho de su función una forma de vida y, en muchos casos, el crecimiento del número de funcionarios no se corresponde con las necesidades reales sino con el nepotismo y la compra de votos que aquellos practican (uno de cada cuatro andaluces y uno de cada tres extremeños son funcionarios). La corrupción del sistema democrático, aunque difícil de demostrar en la práctica, es percibida como una realidad objetiva. La existencia de un pequeño grupo, bien organizado y orquestado, puede llevar, como el caso de los controladores, a un chantaje permanente a las arcas del Estado; pero lo mismo ocurre con el Estado de las autonomías, aunque muchos se tapan los ojos para no verlo, en el que el chantaje nacionalista rompe la unidad económica del Estado y crea desigualdades sociales entre los ciudadanos.