Internet, cierre en falso
Panorama | antonio papell
El pasado miércoles, se reunió la subcomisión parlamentaria para la reforma «integral» de la Ley de Propiedad Intelectual, creada hace meses por el Congreso para debatir y ofrecer propuestas al espinoso problema que enfrenta a las industrias culturales con la gratuidad de Internet. Y en principio, todos los partidos de la oposición pensaban manifestar unitariamente su rechazo a la «ley Sinde», (en realidad, una disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible que permitirá el cierre de páginas web que violen la propiedad intelectual). Los portavoces de los grupos están disconformes con que la mayoría gubernamental promueva una norma sobre esta materia antes de que la subcomisión haya terminado sus trabajos. No es razonable, en efecto, «puentear» de este modo al Parlamento, tratando de convertir precipitadamente en ley un asunto que, por acuerdo parlamentario, se discute ampliamente con la participación de representantes de los sectores involucrados. Pero la protesta no fue finalmente unánime: el PP y CiU decidieron desmarcarse y sólo algunas formaciones políticas menores rechazaron expresamente la propuesta del Ejecutivo. Para explicarlo, comparecieron ante los periodistas los diputados Joan Tardá, de ERC; Rosa Díez, de UPyD, y Aitor Esteban, del PNV. Pronto se zanjó cualquier equívoco: los representantes del PP en esta subcomisión -”José María Lassalle y Fátima Báñez-” reconocieron que su partido se considera satisfecho con haber logrado que el cierre de webs haya de producirse con previa autorización judicial. En otras palabras, el principal partido de la oposición se sitúa junto al Gobierno en esta cuestión. Es plausible que la principal fuerza opositora se desmarque del griterío radical de algunas minorías estridentes, pero ello no debería impedir que la cuestión de fondo, que no quedará resuelta con la «ley Sinde», se siga discutiendo. Es claro que nos encontramos en presencia de un conflicto de intereses -”entre productores y consumidores de productos culturales-” que requiere decisiones equilibradas y bien medidas. Porque aunque Internet ha puesto en evidencia la obsolescencia de determinadas industrias -”como la discográfica-”, que deberán cambiar sus postulados inexorablemente, también es incuestionable que hay que defender el concepto mismo de propiedad intelectual. La ministra de Cultura, proveniente del sector de la cinematografía, defiende como es natural unos intereses sin duda legítimos pero enfrentados frontalmente a la postura de la comunidad de internautas, que, secundada por una parte muy relevante de la opinión pública, piensa que la defensa de los derechos de autor debe realizarse por vías mucho más imaginativas y creativas que mediante la censura, los filtros policiales y el cierre de medios de Internet.
De momento, es claro que la solución propuesta, la creación de una jurisdicción especial que tutele la censura, no es la adecuada. Una restricción tan aparatosa de la libertad de expresión, que zanja brutalmente un litigio complejo que requiere gran derroche de sensibilidades, generará un rechazo importante que afectará a los dos grandes partidos. Más lógico sería encaminar la discusión hacia una norma «ad hoc» convenientemente consensuada entre el «establishment» político y los actores mediáticos que, en todo caso, devuelva a los tribunales ordinarios la tarea de formar el criterio último sobre el particular.