Inversiones

Cuando el alcalde de Madrid decidió cubrir la M-30, una obra pública de gran envergadura que obligó a la ciudad a endeudarse a largo plazo por más de 6.000 millones de euros, muchos creímos ilegítima aquella decisión si no se basabaen un gran consenso político. Lo mismo sucede ahora con el plan extraordinario de infraestructuras que, por importe de 17.000 millones de euros, ha acordado el Gobierno con bancos, cajas y grandes constructores. Como se sabe, el dinero será reembolsado a partir del 2014 mediante un canon anual durante varios lustros. Y tampoco en este caso se ha buscado el consenso PP-PSOE que parecería necesario para legitimar una decisión que, aunque procesalmente intachable, adolece del mismo defecto que aquella obra polémica de Gallardón. En ambos casos, el principio democrático se resiente.