Diario de León
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La aspillera | vicente pueyo

El abrazo fraterno entre los consejeros de Medio Ambiente de Asturias, Cantabria y Castilla y León, que presidía ayer la primera página de este periódico resaltando el acuerdo para la gestión compartida de Picos de Europa, hay que con templarlo con unas buenas dosis de escepticismo y de memoria histórica.

Un dato: este periódico titulaba ¡hace 20 años!: «Los responsables de Medio Ambiente de la Junta se reunirán con los de Asturias y Cantabria para planificar una gestión conjunta de los Picos de Europa» . Estamos pues, en primer lugar, más que ante el resultado satisfactorio de unas «intensas negociaciones», ante la constatación de cómo un mal entendido Estado de las autonomías, lastrado por intereses de boina y desentendimientos políticos, deriva en una muestra cabal de inoperancia. Por eso, menos lobos, que parece que están ustedes muy contentos de haberse conocido pero se han olvidado de pedir perdón por tan prolongado espectáculo de ineficacia. Queda el consuelo de pensar que, si ese espacio natural tan excepcional ha resistido el temporal de inconsecuencias que le ha caído en los últimos años, es que es un superviviente nato y que podrá ser disfrutado, mal que bien, por las generaciones que nos sigan.

No hay, por tanto, por qué voltear campanas por haberse abierto el camino -ahora sí, dicen- a la asunción y gestión de las competencias d el Parque Nacional de los Picos de Europa sino que lo que toca es estar alerta como los corzos y no perderse detalle de cómo echa a andar esa «casa con tres propietarios». Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, y sin dudar de la buena voluntad de los consejeros reunidos en Covadonga, los antecedentes invitan a la cautela.

Desde el punto de vista legal nada hay que objetar al acuerdo cordial al que se llegó el lunes en tanto que fue el Tribunal Constitucional el que dejó en manos de las comunidades autónomas afectadas la gestión del parque, aunque manteniendo éste la titularidad estatal. No obstante, no puede descartarse que puedan reproducirse los encontronazos entre los gestores. Siempre queda, eso sí, la posibilidad de que, llegados de nuevo al punto del desacuerdo, el Estado retome el control directo de ese espacio natural (le avalaría la misma sentencia del TC que hace unas oportunas excepciones en este sentido).

El sentido común, -no creo estar solo en este juicio-, invita a pensar que los parques nacionales -todos ellos- deberían haberse quedado a salvo de las inclemencias políticas. Pero, como ha ocurrido en otros ámbitos, el Gobierno de la Nación no se ató en su momento los machos ni dio un puñetazo en la mesa para decir bien alto: «por ahí no se pasa». Ahí está, -otro ejemplo-, la gravísima dejación gubernamental en materia hidrográfica para ilustrar lo que se dice. O el cacao lingüístico que hace sonreír a media Europa.

Cautela, pues, y un punto de esperanza en el buen sentido de los gestores autonómicos que no pueden perder de vista lo esencial: que las decisiones sean respetuosas con la naturaleza. (Vayan, por ejemplo, a las páginas de A fondo de nuestra edición de hoy).

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