Equivocada huelga general
Panorama | antonio papell
Los sindicatos llevan tiempo en España y en los demás países del ámbito occidental buscándose un acomodo político y social que no terminan de encontrar. Desacreditadas l as tesis marxistas de la lucha de clases y aceptados el liberalismo económico y el mercado como los motores de la prosperidad, las organizaciones sindicales se han sumido en un patético desconcierto. Pero, pese a esta dificultad de enclavamiento, las organizaciones sindicales tienen sin duda un papel en nuestros modelos sociopolíticos. Frente a la voracidad y a la lógica racionalista del empresario, que intenta legítimamente maximizar el beneficio, el sindicato -es decir, la asociación de los trabajadores- desempeña un papel limitante y defiende la tesis inobjetable de que el trabajo es un factor de producción singular que no puede someterse exclusiva ni principalmente a criterios economicistas. Los seres humanos que participan en el proceso productivo no son máquinas y han de disfrutar de un trato adecuado y de una dosis amplia de seguridad en el sentido más amplio del concepto.
Sentado esto, resulta que el sindicato debería foment ar la modernización del aparato productivo al tiempo que preservar las condiciones laborales de sus trabajadores. Se trata de una tarea sutil, de evidente calado ideológico y político, que dudosamente puede ser desarrollada mediante instrumentos arcaicos, como la huelga general. Lo lógico hubiera sido, de entrada, que los sindicatos hubiesen negociado más hábilmente la reforma laboral con los empresarios, hasta conseguir con el arbitraje del Gobierno un resultado aceptable (no hubiese sido posible la inmovilidad pero sí una reforma más controlada por las organizaciones obreras). Fracasado el intento, hoy será aprobado el decreto-ley de la reforma, que más adelante, tras su convalidación por el Parlamento, se tramitará como decreto-ley. Ante esta perspectiva, lo lógico sería que los sindicatos, constituidos en lobby, presionaran a los partidos políticos para que incorporaran el grueso de sus pretensiones al texto final d e la ley, como están haciendo ya claramente los empresarios. En otras palabras, las organizaciones sindicales deberían aclimatarse a los tiempos nuevos, emular los métodos que ya siguen las trade-unions norteamericanas después de haber perdido gran parte de su prestigio al resistirse al inapelable aggiornamento que la sociedad les demandaba.
La huelga general, aquí y ahora, cuando este país está intentado realizar a marchas forzadas la modernización inexorable que ha devolvernos el oxígeno y la vida después de décadas de doloso inmovilismo, es un disparate absurdo. Primero, porque resultará previsiblemente inútil ya que la reforma, tramitada con todas las garantías, disfrutará de una solvencia inobjetable y no es imaginable que se retire unos meses después de aprobarse. Y segundo, porque va contra corriente de los anhelos más evidentes de la opinión pública, que quiere soluciones, aunque comporten sacrificios, para recuperar el bienestar y los horizontes perdidos. En este marco, la convocatoria de paro general resultará ininteligible, aunque -‘como han dado a entender los líderes sindicales- se intente conseguir una respuesta masiva por el procedimiento de organizar «piquetes informativos» empresa por empresa. Infortunadamente, las contradicciones internas de nuestro tiempo, esa supeditación de la política a la economía que a veces nos indigna, no se resuelven dando un puñetazo so bre la mesa.