Diario de León
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El corro | pedro vicente

En contra de lo esperado, el pasado debate sobre el estado de la comunidad ha tenido la virtud de arrojar luz sobre asuntos de trascendencia que hasta el día anterior andaban envueltos en nebulosas. Ocurre que este tipo de debates suelen perderse en la superficialidad de la mera confrontación dialéc- tica -”quien lo ha ganado y quien lo ha perdido-” y en unas resoluciones finales que suelen tener mucho de brindis al sol y escasa o nula efectividad. Por fortuna en esta ocasión ha habido contenido propio y de calado, tanto como para sobreponerse al frustrado morbo político previo en torno a una reducción de altos cargos que el presidente de la Junta ha aplazado hasta el mes de julio. Lo más importante es que la Junta daba por fin a conocer el alcance del duro plan de ajuste presupuestario que ha venido aplicando a la chita callando en los últimos meses. Una semana antes el presidente Herrera había adelantado una cifra, 535 millones de euros, que ya daba idea de la dimensión del tijeretazo aplicado al capítulo de gastos. Ahora sabemos que dicho plan se completará en las próximas semanas con otros 80 millones de ahorro en gasto corriente. Pero sabemos más: la «contracción» del gasto será aún mayor en el 2011, al reducirse en mil millones de euros (casi un diez por ciento) los Presupuestos de la comunidad. Y ello sin subir los impuestos transferidos a la Junta, lo que a priori parece la cuadratura del círculo.

La pregunta del millón es: ¿Qué partidas de gasto se van a ver afectadas el próximo año por ese drástico recorte de mil millones de euros? Y otra segunda: ¿Es posible aplicar semejante recorte sin merma del actual nivel de gasto social? Esas preguntas y alguna más -”por ejemplo, hasta dónde va a caer el capítulo de inversiones-” sólo tendrán respuesta cuando la Junta presente en octubre el Proyecto de Ley de Presupuestos para ese año. Pero de momento el debate ha sido lo suficientemente esclarecedor sobre el crudo escenario que nos contempla.

Otra gran sorpresa que ha deparado la pasada cita parlamentaria es el giro de la Junta en torno al delicado asunto del ATC o «cementerio nuclear». El gobierno autonómico podía estar a favor o en contra, pero no era de recibo que permaneciera indiferente ante una instalación de esa naturaleza. Esa calculada ambigüedad era absolutamente irresponsable. Por razones no inexplicadas y coincidiendo con el inicio en la negociación de un posible pacto energético de alcance estatal, la Junta se ha posicionado contra el ATC (una instalación que en los emplazamientos propuestos resultaría letal para el desarrollo rural de las comarcas afectadas; cosa diferente sería si se hubiera propuesto el entorno de Garoña como compensación al cierre de la central). La nueva posición de la Junta ha obligado a su vez a rectificar a la Diputación de Valladolid, que ahora deja en la estacada a los dos ayuntamientos que optan a ese almacén nuclear.

En el debe del debate ha de anotarse el nuevo retraso en el Plan de Convergencia Interior, que a este paso terminará sin aplicarse este año, anualidad en la que la Junta lo tiene dotado con 150 millones de euros. Esperemos que no acaben siendo otros 150 millones «ahorrados».

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