Gitanos

Panorama | antonio papell

La expulsión de gitanos franceses procedentes de Rumania y Bulgaria, disimulada bajo el manto de un desplazamiento voluntario, ha sido enmarcada en un plan del presidente Sarkozy para reducir la delincuencia, uno de los principales problemas de Francia según las encuestas. Este planteamiento ya revela un enfoque impropio del problema que plantea la integración de los extranjeros en cualquier país democrático. Los inmigrantes tienen sin duda la misma propensión criminógena que los autóctonos, y si estadísticamente delinquen más es porque no se les ha integrado suficientemente. De hecho, varias poblaciones gitanas de Francia afectadas por la radical medida llevan residiendo en Francia más de diez años, plazo que hubiera debido ser más que suficiente para asegurar su adaptación al medio si se les hubiera dado alguna oportunidad para ello. En definitiva, lo ocurrido en el país vecino no hace sino confirmar el gran fracaso de la política social francesa, que ha provocado graves estallidos, fruto de la inadaptación de los más jóvenes, en los últimos años. Pero el asunto de la expulsión de los gitanos va mucho más allá y alcanza de lleno el plano de los derechos fundamentales de las personas, sea cual sea su etnia, raíz cultural o nacionalidad. Las políticas de inmigración con respecto a individuos no comunitarios, que en el ámbito del espacio Schengen ya no son un asunto interno de cada país, podrán ser más o menos rigurosas en lo tocante a admisión de extranjeros, expulsión de indocumentados, obtención de contrato de trabajo, etc., asuntos sobre los que todavía no existe una normativa común. Pero en todo caso no podrán ser discriminatorias y deberán regirse por criterios objetivos y referirse a cada individuo en particular. En modo alguno, por razones obvias, podrán sectorializarse por etnias o por nacionalidades. En definitiva, y como ha dicho el Vaticano, «no se puede arremeter contra comunidades enteras sin estudiar la situación particular de cada individuo».

Las razones son obvias y no haría falta manifestarlas si no fuera por el insólito espectáculo francés: todos los seres humanos son iguales, acreedores del mismo respeto y en posesión de los mismos derechos humanos. Pero aunque no se viera claro este axioma, cualquier político medianamente informado, y más si es francés, debería guardar en todo momento el referente del exterminio nazi a las minorías. El diputado francés de la mayoría gubernamental Jean-Pierre Grand, perteneciente al entorno de ex primer ministro Villepin, ha comparado la política del gobierno con «las redadas» de judíos realizadas en Francia durante la ocupación nazi. «¿Se puede ser diputado -se ha preguntado- y dejar que esto ocurra cuando descubrimos que las fuerzas de seguridad intervienen de madrugada, separan las familias, los hombres por una parte, las mujeres y niños por otro?». El espectáculo, ciertamente, ofende a las retinas que guardan un ápice de memoria histórica. Frente al problema de la marginalización de los gitanos, que está extendido en toda Europa, y que es difícil de resolver por su envergadura, lo que ha de hacerse es planear una gran política europea de integración que no confunda conceptos: no es lo mismo integración que asimilación, como ha recordado el ex presidente rumano Traian Basescu al criticar el comportamiento de París. Ésta es la vía y no la de ofrecer al mundo un deplorable espectáculo de racismo.