Cinco años perdidos
Panorama | antonio papell
La comisión delegada de asuntos económicos que se reunió esta semana bajo la presi dencia del propio jefe del Ejecutivo para marcar las líneas de avance del nuevo curso político que, de hecho, ha arrancado con esta decisiva reunión. Y la conclusión más clara, tan clara como intranquilizadora, es que en los Presupuestos del Estado del año próximo el gasto público regresará a los niveles del 2006, lo que indica -”más en términos psicológicos que estrictamente económicos-” que la recesión ha supuesto la pérdida de cinco años en el proceso de desarrollo de este país. Para ello, los diferentes departamentos ministeriales tendrán que realizar un recorte del 15 al 16%, y tan sólo se preservará relativamente el gasto en I+D.
La vicepresidenta Salgado insistió en que son irrenunciables los objetivos de déficit -”9,3% del PIB este año y 6% el próximo-”, para lo cual se respetará el techo de gasto ya aprobado por el Parlamento -”algo más de 122.000 millones de euros-”. Pese a ello, Fomento podrá invertir hasta 700 millones de euros más de lo acordado tras el ajuste, gracias a una reorganización del gasto y, en parte, a reducir el gasto en la subvención del transporte aéreo con las islas: seguirá garantizada pero con un límite cuantitativo que afectará a las plazas más caras. Se podrá criticar, quizá, la vacilación de José Blanco al fijar el recorte definitivo pero habrá que reconocer que es plausible el esfuerzo por minimizar la inversión en infraestructuras: no sólo está en juego el resultado de las elecciones autonómicas (este argumento es irrelevante) sino la propia actividad del país, toda vez que la construcción está directamente ligada al crecimiento. En cualquier caso, negó tajantemente que el Gobierno medite alguna subida de impuestos: como mucho, y en referencia a un nuevo tramo del IRPF para las rentas más altas, aclaró que «cualquier ajuste ( ) no afectará a las previsiones de déficit».
La vicepresidenta se refirió también a las reformas en curso o en proyecto y anunció la recuperación del proyecto de ley de economía sostenible, gran parte del cual ya ha sido recogido por otras normas (la liberalización de los servicios profesionales mediante la ley ómnibus , por ejemplo) pero que todavía contiene medidas favorables a la conquista de la productividad. Asimismo, Salgado anunció una ley de procedimiento laboral que trasladará materias que hoy están en el ámbito de lo contencioso-administrativo a la jurisdicción laboral y una reforma legislativa del sistema de pensiones, cuyo proyecto llegará al Parlamento antes de finales de año. La ministra no quiso precisar los términos de esta reforma, ya que el Gobierno espera el informe sobre su propuesta que ha de recibir del Pacto de Toledo pero en la mente de todos están los dos grandes cambios: el retraso de la edad de jubilación y la ampliación del plazo para el cálculo de las pensiones.
El Gobierno encara, en fin, la salida del pozo con realismo y austeridad, consciente seguramente de que el rigor es el elemento fundamental de un regreso al crecimiento y a la normalidad. Los excesos de antaño y la condescendencia con el frenesí inmobiliario han costado a este país el esfuerzo de un lustro. Tal vez haya que aprender la lección para el futuro.