Diario de León
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León

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Al margen f. muro de íscar

Iba a escribir sobre una huelga que nos va a costar miles de millones de euros, que va a llevar al paro a miles de personas, que traerá un porcentaje importante de caída del PIB, un enfrentamiento entre ciudadanos, un problema social... Una huelga que es un paripé, una «guerrita» entre amigos y correligionarios, un disparo que les sirva a los sindicatos para justificarse, al Gobierno para convencer a los mercados de que la reforma del mercado de trabajo -una mala e incompleta reforma- va «en serio» y a ambos para atacar al «enemigo», es decir el PP, y a los «malvados» empresarios, culpables de casi todo. Una huelga que el Gobierno y los sindicatos quieren que sea un éxito relativo, para no tocarse demasiado las narices los unos y los otros, pero que ni va a hacer cambiar a Zapatero ni va a servir para reformar unos sindicatos opacos, anclados en el pasado y sin visión de futuro, de lo que es y debe ser mucho más, una sociedad moderna, con alta capacidad formativa y de investigación, tecnológicamente en vanguardia, socialmente estructurada. Partidos y sindicatos, las nuevas oligarquías, siguen repartiéndose el pastel y evitando que la sociedad se organice, tenga voz, sea escuchada. Esta huelga es un error y una calamidad.

Digo que iba a escribir sobre eso, pero me parece mucho más importante hablar de Sakineh Astianí, la mujer iraní a la que el misericordioso Gobierno de su país la ha «salvado» de morir lapidada para condenarla a morir en la horca por un crimen del que se confesó culpable bajo tortura, aunque luego se retractó, en un juicio realizado en un idioma que no comprende, y en el que, a pesar de todo, no fue declarada culpable. Su verdadero crimen es haber cometido un supuesto adulterio. Ha sufrido, entre otros muchos, el inhumano castigo de 99 latigazos delante de su hijo y ha sido obligada a denunciar en la televisión a su primer abogado, que tuvo que huir de Irán y refugiarse en Noruega. Esto es una burla de los derechos humanos, esta lacra de los países que aún tienen en sus legislaciones la pena de muerte. Los ciudadanos no podemos ni debemos callar.

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