Y vamos a menos
El corro | pedro vicente
EEl Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a señalar el serio problema demográfico que aqueja a Castilla y León. Según sus últimas previsiones, en el año 2020 esta comunidad autónoma tendrá 46.861 habitantes menos que ahora. Aunque algunos se obstinen en negar lo evidente, el dato no debería sorprender a nadie, más que nada porque el último saldo anual de población facilitado por el propio INE arrojó una pérdida real de 15.643 habitantes. Por lo tanto no es que vayamos a empezar a perder población, simplemente vamos a seguir perdiéndola. El crecimiento económico de la pasada década y el aluvión de inmigrantes extranjeros que atrajo, enmascaró el problema demográfico estructural que arrastra esta comunidad autónoma, donde la población autóctona lleva muchos años descendiendo. Tan pronto como la crisis ha frenado ese fenómeno inmigratorio, ha aflorado crudamente la realidad. Por lo demás, el problema no afecta por igual a las nueve provincias de la comunidad. A una de ellas, Valladolid, no le afecta, y las otras ocho lo sufren en muy distinta medida. Las del tercio oeste, especialmente León y Zamora, padecen una auténtica sangría. Y la hemorragia va a continuar, sobre todo en Zamora, a la que se augura la pérdida del 7 por ciento de su actual población. El mapa interior de la despoblación detecta un nuevo punto negro en Palencia, provincia que está retrocediendo alarmantemente en estos últimos años. Y ni que decir tiene que el problema lleva asociados dos efectos: la emigración juvenil y el envejecimiento de la población. (Sirva como dato elocuente que en la provincia de Zamora el número de pensionistas se aproxima a pasos agigantados al de trabajadores en activo).
Pese a tamañas evidencias, la Junta todavía se resiste a admitir la gravedad del problema demográfico de esta comunidad autónoma. El presidente Herrera sigue relativizándolo y ha vuelto a cuestionar las previsiones del INE. No obstante, ya no se atreve a decir -las cifras son muy tercas- que el problema de la despoblación es un «tópico que se ha instalado en el imaginario colectivo» (sic), como afirmó en marzo pasado al presentar la llamada «Agenda para la Población». Toda una contradicción, por cierto, la de dotarse de un nuevo instrumento para combatir un problema que oficialmente no se reconoce.
Aprobada a bombo y platillo hace cinco meses, prácticamente nada ha vuelto a saberse de esa Agenda, de sus 118 medidas y de los 505 millones de euros con los que supuestamente iba a estar dotada. La falta de consenso político en torno a la misma y la renuncia a afrontar la imprescindible ordenación del territorio han convertido esa Agenda en papel mojado antes incluso de que pudiera arrancar. La propia Junta ha dejado de cacarearla, otorgando ahora la función de panacea a esa virtual macrorregión constituida con Galicia y el norte de Portugal. Entretanto, en el décimo mes del año seguimos sin tener noticia de lo que piensa hacer la Junta con los 150 millones presupuestados en el 2010 para el Plan de Convergencia Interior, el instrumento contemplado en el Estatuto de Autonomía para corregir los desequilibrios territoriales dentro de la comunidad autónoma.