Los peligros de las buenas intenciones

A lgo tienen de positivo las polémicas generadas en los últimos días por casos como el de las procacidades rijosas del alcalde de Valladolid, el de las húmedas fantasmadas hiperbólicas de Sánchez Drag ó e incluso el de las nefastas consecuencias del corta y pega aplicado a la documentación administrativa de las bases para una plaza de bombero en el Ayuntamiento de Ponferrada (y, por lo visto, de media España desde hace casi tres décadas). La sociedad ha desarrollado una feliz sensibilidad ante la agresividad, no sólo física sino también verbal, de género o de preferencia sexual y reacciona con rapidez ante rémoras del lenguaje que implican una visión masculinizada del mundo afortunadamente caduca, pero sujeta todavía a tópicos y humoradas que ya no tienen la más mínima gracia. Ese cambio mental obliga, especialmente a los que desarrollan su labor en la cosa pública, a un esfuerzo que provoca en algunos casos rechazo y en otros simples metedura de pata. Pero ese cambio es ya inevitable y tendrá consecuencias de mejora convivencial más allá de los excesos de ese insufrible «ciudadanos y ciudadanas» o «niñ@s» que choca con la gramática, con el oído y con la vista a la hora de leer un texto.

También entra dentro de lo lógico que los errores tengan consecuencias. No es extrañar, por tanto, que la oposición vallisoletana aproveche las circunstancias para darle cera al alcalde bocazas o que los discrepantes con las opiniones políticas de Dragó usen su fanfarronería sexual como arma arrojadiza contra su trabajo televisivo o, para ser más exactos, contra la presidenta de la comunidad que maneja la televisión en la que trabaja el escritor. Lo que en el ámbito privado puede arreglarse con unas sinceras excusas tiene otros mecanismos más complejos de funcionamiento en lo público.

Pero las buenas intenciones también provocan excesos que pueden adquirir síntomas preocupantes. Lo políticamente correcto no se libra de ese radicalismo, vecino del puritanismo censor más propio del conservadurismo inquisidor que de una didáctica del cambio social. Si el castigo a la bravuconería de Dragó fuera la retirada de sus libros del mercado, estaríamos ante un injustificado acto de opresión, con métodos que no difieren de los usados por el totalitarismo, que también suele argumentar un supuesto bien común. Si añadimos que el tono general de debate general en este país imita al cacareo de casquería propio de las andanzas de la princesa del pueblo y la prensa, como certeramente planteaba estos días El Roto, cada vez trae más munición y menos información, no es difícil confundir el culo con las témporas y acabar montando una policía del pensamiento en nombre de no sé qué buenas intenciones.