Diario de León
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PEDRO VICENTE
León

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A lo largo de todo el año he venido denunciando el injustificable retr aso que traía el Plan de Convergencia Interior 2010, pero ni por asomo podía imaginarme el infumable pacto político que se ha acabado perpetrando en torno al mismo. Está visto que por mucho que nos creamos curados de espanto, la impostura de nuestra clase política siempre llega más lejos.

El resumen es que 300 millones de euros comprometidos para dicho Plan se han reducido a 100; y ello haciendo trampas, al incluir como si fueran nuevas una serie de obras contratadas y ejecutadas con cargo a las partidas presupuestarias ordinarias. Para mayor inri, las dos terceras partes de ese menguadísimo fondo se han distribuido linealmente, aplicando el criterio de «convergencia» tan solo al tercio restante. De forma que se financian a través del Plan proyectos como el desarrollo del coche eléctrico en Valladolid y Palencia o el apoyo a las ciudades de Burgos y Segovia en su carrera por lograr la capitalidad cultural europea en el 2016. Todo ello constituye un fraude político en toda regla. Podrá preguntarse el lector cómo es posible que el PP y el PSOE se hayan puesto de acuerdo para engendrar semejante bodrio. La explicación es bastante sencilla. En realidad lo único que han hecho ha sido taparse mutuamente las vergüenzas. La Junta y el gobierno central habían dejado pasar los meses sin elaborar el Plan, las arcas de ambas administraciones están exhaustas y ya no había dinero para cumplir sus compromisos. Y en lugar de reconocer su fracaso e incapacidad, han tenido la osadía de querernos vender gato por liebre como si el personal se estuviera chupando el dedo. Justamente en el día de hoy se cumplen tres años desde la aprobación de la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. A falta de avances sustantivos en los capítulos de financiación y competencias, el renovado Estatuto contenía algunos mandatos interesantes, uno de los cuales no era otro que el de elaborar un Plan plurianual de Convergencia Interior llamado a corregir los alarmantes desequilibrios territoriales internos en la comunidad autónoma.

Se sabía que la tarea es ardua y que requiere de una fuerte inversión pública sostenida en el tiempo discriminando positivamente a las comarcas y zonas más deprimidas. En su primera anualidad el Plan no estuvo a la altura de las circunstancias ni en su dotación (125 millones) ni en sus criterios de distribución. Pero todavía podía tener un pase. Lo de este año no tiene nombre. Con esta engañifa, amén de desvirtuar el mandato estatutario, flaco favor se presta a Castilla y León. Luego se extrañan del desprestigio de la clase política y del esc aso grado de sentimiento de pertenencia a esta comunidad autónoma..

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