Minería: las alarmas se disparan
Todas las alarmas se han disparado. Ni Santa Bárbara, la patrona de la minería, que hoy se celebra, parece ser capaz de obrar el milagro y frenar el camino al precipicio al que parece abocado el sector del carbón. En las cuencas se man tiene la respiración pero en el ambiente flotan los peores presagios. No es para menos. A la situación límite que vive el Grupo Alonso, se suma el negro horizonte de una empresa histórica como la Hullera Vasco Leonesa, creada en 1893, y que durante tantos años ha sido el motor económico de la Montaña Central.
El presidente de la compañía, Antonio del Valle, fue ayer muy claro y contundente al advertir de que la crisis de las empresas mineras leonesas será completamente «irreversible» a finales de enero si ante no entra en vigor el decreto de ayudas al carbón paralizado judicialmente a raíz de los recursos formulados por las empresas eléctricas: Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa. Y ha traducido, acto seguido, lo que quiere decir con «irreversible»: que la empresa que preside -que acaba de presentar un ERE que afecta a 471 trabajadores de su plantilla- no tendrá otra opción que entrar en concurso de acreedores (léase quiebra). Y entiende que harán lo propio el resto de las empresas del sector que se mueven en las mismas coordenadas de precariedad económica.
También el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, expresó su profunda preocupación por el futuro inmediato del sector minero y exigió a Zapatero que desbloquee de forma inmediata el real decreto del carbón y a las eléctricas que dejen de poner obstáculos para que el carbón tenga cabida en el futuro mix energético y no quede definitivamente relegado.
Nunca antes se había vivido un día de Santa Bárbara con tan negros nubarrones sobre el futuro de un sector del que, no se olvide, dependen cerca de 15.000 empleos en la provincia entre los directamente vinculados a la minería y los indirectos. Los próximos días son decisivos para el futuro de miles de familias que son el sostén de com arcas enteras. La UE tiene la obligación de calibrar el coste social de sus decisiones.