Los mercados

L a tentación de los líderes regionales socialistas de desmarcarse de las políticas de ajuste del Gobierno es muy fuerte a las puertas de unas elecciones autonómicas en las que se juegan el ser o no ser. De hecho, Barreda, visiblemente nervioso, ha dado pruebas verbales de franca incomodidad ante la ejecutoria gubernamental. Y este pasado fin de semana, el candidato madrileño Tomás Gómez, ganador de las primarias frente a Trinidad Jiménez, lanzó a Rodríguez Zapatero la advertencia de que «a los mercados no hay que tranquilizarlos, hay que gobernarlos», en clara referencia a la servicialidad con que el Gobierno español, al igual que todos los demás de la Eurozona, atiende a los requerimientos del sistema financiero internacional. Uno de los tópicos más acrisolados de la izquierda democrática es la eminencia de la política sobre la economía, es decir, de la voluntad humana basada en valores sobre los intereses mercantiles.

Este criterio sigue siendo válido hoy día para quienes no hemos perdido del todo el idealismo, pero una vez desaparecida la bipolaridad ideológica que emanaba de la confrontación entre los bloques, el pragmatismo se ha impuesto inexorablemente a la utopía: en teoría, los mercados no son poderes arbitrarios sino árbitros que actúan conforme a pautas de racionalidad. Luchar contra ellos es como combatir las matemáticas o la física. Aunque, como decía este domingo Emilio Ontiveros en un sobrecogedor artículo, «los procesos de formación de precios en los mercados financieros hace tiempo que no se ajustan a las concepciones que están en la base de planteamientos que en el pasado ampararon iniciativas como las precipitadas desregulaciones o la autorregulación de determinadas actividades financieras. Las hipótesis de eficiencia de formuló Eugene Fama, las que atribuyen (a los mercados) capacidad de procesamiento de la información considerada relevante, han quedado tan seriamente cuestionadas en esta crisis como el propio comportamiento racional de los operadores en los mismos». Pese a estas alarmantes objeciones, la crisis, que ha reducido hasta tasas negativas el crecimiento económico de los países europeos, ha puesto en cuestión la financiación de los déficit públicos y de la deuda acumulada. España, en concreto, muy golpeada por la recesión, está financiando una deuda cercana al 60% del PIB, por lo que la apelación a los mercados no es potestativa sino inexorable. Éstos, lógicamente, nos prestarán el capital necesario a un tipo de interés que será tanto más reducido cuanto más solvencia mostremos y más transparencia acreditemos. Y esa solvencia se mide mediante los parámetros conocidos: control del déficit público, expectativas de crecimiento, incrementos de productividad, etcétera. Así las cosas, la idea aparentemente audaz de enfrentarse a los mercados o de «gobernarlos» se convierte en una simpleza.