El escaqueo de las administraciones

D esde que la crisis se instaló entre nosotros, el famoso optimismo antropológico de Zapatero encontraba su mejor aliado en el empacho navideño, de suerte que cada final de año cambiábamos el calendario con la esperanza de que los brotes verdes no fueran un espejismo y de que por fin se vislumbrara la salida del túnel. Esta vez nadie nos llama a engaño. Si el que finaliza ha sido un año para olvidar, todos sabemos que el 2011 pinta aún peor. Y además ya nadie se atreve a pronosticar cuando saldremos del marasmo. El propio Zapatero predice ahora que nos esperan cinco años de reformas.

A esas alturas de la película, sabiendo que en el diccionario de eufemismos de la crisis la palabra reforma es sinónima de recorte de derechos sociales, ciertamente la cosa es como para echarse a temblar. No es para menos. Los que, además de aprender inglés, se propongan en el 2011 adelgazar lo van a conseguir sin ningún esfuerzo. Ellos y todos los demás estamos sometidos a una estricta dieta de adelgazamiento. La pregunta es si también la administración pública se va a poner a régimen o va a seguir escaqueándose.

El descontrol del déficit ha obligado a reducir drásticamente el gasto público. Pero ello no presupone automáticamente un ejercicio de austeridad. La reducción del gasto se ha conseguido básicamente mediante el plan de choque aplicado en mayo tras el ultimátum de la UE y se ha ido complementado a través del IVA y de otros impuestos indirectos soportados por los consumidores. Con dicha combinación se ha contenido el déficit tratando de aplacar la voracidad de esos insaciables mercados, los mismos que ahora quieren meter la cuchara en el Estado de Bienestar y desrregular al máximo el mercado laboral.

Es cierto que las administraciones públicas han reducido sus presupuestos para el 2011. No han tenido otro remedio, obligadas por la drástica caída de la recaudación que nutre su capítulo de ingresos. Pero su austeridad en el gasto sigue dejando mucho que desear. Entre otras cosas porque, cuando tanto se habla de reformas estructurales, sigue sin ponerse sobre la mesa la necesidad de racionalizar una Administración Publica sobredimensionada, en la que se duplican y solapan muchas competencias, a la vez que se mantienen estructuras perfectamente prescindibles, cuando no superfluas. Ni el gobierno central, que se ha limitado a maquillar ligeramente su desmedido organigrama, ni las comunidades autónomas, que han hecho lo mismo o nada (caso de la Junta), han agarrado ese toro por los cuernos. Y con la vista puesta en las elecciones de mayo, tampoco lo han hecho, pese a su asfixia económica, los ayuntamientos y las diputaciones. Todos siguen escaqueándose, si es que no despilfarrando.