Degeneración democrática

L legan malas noticias para los demócratas de este p aís que todavía pensamos que nuestro modelo de convive ncia no puede mantener una vida pletórica sin unos fundamentos éticos que impregnen todos los circuitos y marquen límites decorosos a la acción política. Una primera contrariedad que constituye una verdadera degeneración democrática es la voladura del pacto antitransfuguismo, que, como estaba previsto, saltó por los aires en la reunión de la comisión de seguimiento del pasado lunes.

El representante popular en el pacto, José Matarí, declaró que su partido daba por muerto el acuerdo después de que el último Comité Federal del PSOE, el 23 de octubre, proclamase la candidatura de Benidorm, en la que figuraba el actual alcalde, Agustín Navarro, quien llegó a la alcaldía gracias a un tránsfuga del Partido Popular que cambió de bando e hizo posible que prosperase la moción de censura. Tanto el vicepresidente Chaves como el secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, se opusieron a la proclamación, pero su postura no prosperó.

Manuel Chaves, presidente de la comisión, hizo el lunes un insólito ofrecimiento a los presentes: la firma de un documento que obligaría a todos a no presentar a las próximas elecciones a todos los candidatos declarados tránsfugas. Sin embargo, ésta es la sustancia y casi la literalidad del pacto antitransfuguismo, que se aprobó en 1998 siendo precisamente ministro de Administración Territorial Mariano Rajoy. ¿Qué sentido tendría, pues, reescribir lo escrito? Lo grave del caso es que, aunque el pacto antitransfuguismo ha reducido considerablemente esta clase de episodios tan poco edificantes, todavía abundan en demasía.

Según un recuento reciente realizado por Colpisa, salen más beneficiados los conservadores en número. Sólo en la legislatura que ahora acaba, los populares han logrado hacerse con 17 alcaldías gracias al cambio de bando de concejales del partido gobernante, mientras que el PSOE ha ganado doce. Los socialistas perdieron el poder en 24 corporaciones y los populares lo hicieron en siete. El Partido Popular opta, en fin, por romper el pacto por evidentes razones electoralistas, pese a que los dos grandes partidos tienen responsabilidad semejante en el escándalo. Porque, por ejemplo, si es claro que en Benidorm, donde está por añadidura implicada la madre de Leire Pajín, se ha violentado la voluntad popular, también ha ocurrido lo mismo, aunque en sentido contrario, en Villajoyosa y en Denia.

De cualquier modo, y aunque este espectáculo sea lamentable, hay que reconocer un efecto benéfico del pacto: los partidos han procedido a una plausible reforma de la ley electoral que hará inútil el transfuguismo; en cuanto entre en vigor, próximamente, la mayoría absoluta necesaria para hacer prosperar una moción de censura municipal ya no será de la mitad más uno cuando se produzcan cambios de bando que subviertan la voluntad popular, sino de la mitad más un más tantos votos como tránsfugas se registren.

La otra mala noticia que nos llega es la prescripción de varios presuntos delitos atribuidos al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, con lo que se han reducido de cinco a uno los delitos fiscales de los que debe responder, además de los de tráfico de influencia y cohecho. Lo grave es que el caso dura ya más de siete años, y que ha sido patente una predisposición premiosa de la Justicia en el esclarecimiento de unos hechos que han generado perplejidad e indignación en la opinión pública.

Esta falta de ímpetu de la acción judicial debilita la moral pública en una región como Valencia, en la que el caso Gürtel ha hecho estragos, natu ralmente todavía sin aclarar.