Autonomías en estado de alarma

Proponiéndoselo o no, José María Azna r se erigió en el máximo protagonista de la pasada Cumbre del PP en el Exterior celebrada en León, una cita claramente enmarcada en la cuenta atrás electoral hacia el 22 de mayo. Dos grandes titulares proporcionó la intervención del ex presidente en el Auditorio leonés. Su afirmación de que «España está intervenida de hecho» ha levantado una gran polvareda. En realidad sólo ha sido un eslabón más en el discurso derrotista que viene manteniendo Aznar acerca de la situación económica española. En su descargo hay que decir que en esta ocasión su diagnóstico se ha producido dentro de España, sin los peligrosos efectos que este tipo de proclamas apocalípticas tienen cuando se producen en foros y medios de comunicación internacionales.

El segundo titular es el de que el actual Estado de las Autonomías es insostenible. De la forma que diría que para Aznar el responsable de ello es el mismo que el de la crítica situación de la economía española, es decir, el gobierno Zapatero. Y en este caso, teniendo base el diagnóstico, lo que no se sostiene es cargar la responsabilidad en el debe de los socialistas.

El Estado autonómico del 2011 es básicamente el mismo que dejó Aznar al salir de La Moncloa. Salvo el de Cataluña, todos los demás estatutos reformados estos años (entre ellos el de Castilla y León) lo han sido con el consenso del PP y el PSOE y ello se ha producido en comunidades gobernadas tanto por uno como por otro partido. Los males que aquejan al sistema autonómico -desde el solapamiento de competencias a los delirios de grandeza y demás excesos que han disparado el gasto corriente- vienen de antes. El desmadre, que lo ha habido, no es imputable en exclusiva a Zapatero. Su responsabilidad recae por igual sobre los dos principales partidos.

Junto a los recortes en el Estado de Bienestar y la reforma del sistema financiero, la revisión a la baja del Estado de las Autonomías parece inevitable. Lo dicho por Aznar en León no fue ningún calentón. Viene precedido de un informe de la Faes que, más allá de una mera racionalización del gasto, propone medidas que supondrían toda una involución en materia autonómica. La alarma se ha disparado sobre las autonomías y el PSOE también ha comenzado a darle vueltas a la cuestión. El adelgazamiento de la Administración autonómica obligará por fuerza a revisar asimismo el papel de los ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Los primeros son igualmente insostenibles: O se les dota de mayores recursos o tendrán que prescindir de parte de sus competencias. Las segundas, pu esto que constitucionalmente no pueden desaparecer, deberán de reformular su papel y adecuarlo al Estado autonómico. Que, dicho sea de paso, ya iba siendo hora.