Sanidad, responsabilidad de todos
Un notable, casi -”exactamente un 6,95-” es la calificación que merece la sanidad pública de la comunidad para los ciudadanos según el Barómetro Sanitario de Castilla y León, cuyos detalles se conocieron este fin de semana. En la encuesta, realizada a 30.855 personas, nueve de cada diez usuarios la sitúan por encima el 7. Esa consideración, que ha ido creciendo de año en año -”la nota del año pasado era de 6,86-” la coloca en el cuarto puesto del ránking nacional, sólo por detrás de tres comunidades uniprovinciales: La Rioja, Navarra y Asturias.
Pero además de laureles también se lleva algún capón: es necesario seguir reduciendo los tiempos de espera, mejorar la información a los usuarios sobre el funcionamiento de los hospitales, potenciar la identificación de los profesionales, implantar la continuidad del especialista que atiende cada caso y, en general, mejorar la información, el trato y las salas y consultas de atención primaria.
La sanidad es uno de los pilares básicos del Estado del bienestar y sin duda el que más sensibilidad política y social requiere, particularmente en tiempos tan difíciles como los que vivimos. Es responsabilidad compartida de los políticos, de quienes gobiernan y de quienes aspiran a hacerlo, evitar una crítica demagógica del servicio, habitualmente sustentada en el despilfarro y la demora quirúrgica, y materializar los esfuerzos necesarios que garanticen la supervivencia y la estabilidad del sistema que, por otra parte, genera actividad diaria en no menos de cinco mil empresas de todo tipo. Es responsabilidad de los gestores avanzar en la progresiva eficiencia de un servicio que en los últimos tiempos ha implementado medidas tan importantes como el decreto de garantía de demora -”el derecho del paciente a ser operado en el centro privado que elija sin coste alguno y si sobrepasa el plazo de espera-” o la reducción de la factura farmacéutica que se refleja en las tablas mensuales y en la subida hasta el 31% del consumo de medicamentos genéricos. Y es responsabilidad del ciudadano hacer un uso razonable y ordenado de los servicios sanitarios. Por la salud de todos. Y la del bolsillo.