Vuelta de tuerca

L a crisis económica está poniendo de manifiesto los males del sistema autonómico, entre ellos los agravios territoriales y las desigualdades sociales que genera son los más visibles. Tales males no son consecuencia necesaria del Estado autonómico, que también ha tenido resultados positivos al acercar la administración a los ciudadanos, sino de unos políticos que, por intereses partidistas, exacerban las diferencias y en, su locura, rompen la solidaridad interterritorial, acentúan los chovinismo locales y crean deslealtades para con España y sus conciudadanos. El gobierno central, por su parte, discrimina a unas comunidades frente a otras en razón de intereses electorales y partidistas: a unas las deja endeudarse, a otras se lo prohibe; a unas les concede recursos y obras, a otras les niega el agua y la sal. La sensación general no solo es de desigualdades manifiestas, sino de descoordinación y desgobierno absolutos.

Un último ejemplo es lo ocurrido con el anuncio de una congelación, primero generalizada y ahora restringida, de las oposiciones para el acceso a la función pública en la Enseñanza Infantil y Primaria. Se trata del último esperpento de esta España imposible. La crisis obliga a reducir el número de funcionarios en Educación y, por tanto, a olvidarse de los objetivos, pese a proclamas gradilocuentes, de una mejor calidad de la enseñanza (los informes Pisa son demoledores) y evitar el fracaso escolar. Lo tienen fácil, pues al ser este el último año de jubilación LOE serán muchos los que se acojan a ella. La ley dice que al menos deberían convocarse un 30% de las plazas para la reposición de efectivos por esta causa; pero muchas comunidades han decidido no convocarlas, aunque eso signifique dejar a 50.000 jóvenes tirados, después de pasarse dos o más años preparando las oposiciones.

Pero eso no es lo peor. Lo grave es que unas comunidades las convocan (Cataluña, País Vasco, Baleares y Galicia; es decir, aquellas que limitan el acceso a causa del idioma), otras decididamente no, y varias lo dudan porque temen el efecto llamada y que se presenten miles de jóvenes perjudicando las expectativas de los de la propia comunidad. Uno se pregunta que si las competencias educativas están transferidas a las comunidades ¿para qué existe el ministerio de Educación? No sé si, por la crisis, deben o no convocarse oposiciones (aunque resulta paradójico que, de rondón, algunas comunidades y ayuntamientos pretendan funcionarizar a miles de trabajadores laborales por razones estrictamente políticas, como se denuncia estos días en el caso de Andalucía), lo que si creo es que deberían hacerlo por consenso todas las comunidades y no dejar un tema de esta importancia al albur de las mismas. Hay que reconstruir el Estado.