La fusión con Unicaja no tiene vuelta atrás

En el largo y muy tortuoso proceso que ha seguido el proceso de fusión de Caja España, primero con Caja Duero y actualmente con la andaluza Unicaja se ha llegado a un punto en el que hay dos palabras que adquieren la máxima relevancia: sensatez y responsabilidad.

En su afán por impulsar el proceso de integración de las seis cajas de la Comunidad en un proyecto único, la fusión a la que llegaron Caja España y Caja Duero fue sin duda el logro de mayor trascendencia logrado por la Junta. Pero enseguida, casi sin tiempo de que calase la nueva realidad, ese proceso de fusión tomó nuevos rumbos con la aparición de Unicaja, opción que pronto recibió los parabienes del Banco de España y que enseguida fue asumida por los responsables de Caja España-Duero como la opción de futuro sobre la que se debía trabajar codo a codo.

Hasta ahora en el itinerario seguido por las entidades de Castilla y León y la caja andaluza había más luces que sombras pero en los últimos compases de este progresivo acercamiento se han puesto de relieve escollos importantes que estaban latentes y que finalmente se han exteriorizado abiertamente. Unicaja lo ha dejado meridianamente claro: no va a aceptar el acuerdo laboral ligado al denominado Pacto de Tordesillas en el que se acordó la fusión entre Caja España y Caja Duero. Y no lo acepta porque considera que dicho acuerdo conlleva un sobrecoste inasumible. Unicaja ha hecho las cuentas y estima que tal acuerdo supondría incrementar en 40 millones de euros los costes salariales al año. Dicho de otra forma, se pasaría de las catorce pagas actuales a veinticuatro. Sí acepta, no obstante, la equiparación salarial al alza entre los empleados de las entidades implicadas en la integración. En estos momentos, los empleados de Caja España-Duero cobran un 9% más que los de la entidad malagueña. No parece, pues, que puedan caber dudas sobre la voluntad inequívoca de Unicaja de su firme apuesta por esta integración.

Ahora la pelota está en el alero de los agen tes sociales con representación en estas entidades de los que cabe esperar la necesaria responsabilidad para que sean capaces de realizar una nueva -˜lectura-™ del citado Pacto de Tordes illas. Un pacto que, bajo ningún concepto, debería convertirse en un obstáculo insalvable si se quiere llegar a buen puerto. A nadie escapa que este pacto fue un acuerdo marcadamente político mediante el que se consiguió un consenso que ahora se ve estaba sustentado en algunos elementos rayanos en lo utópico. Un acuerdo al qu e no cabe regresar como si fuera una referencia inamovible; al contrario, ha perdido legitimidad porque no es posible pasar por alto que la irrupción de Unicaja en este proceso modificó los esquemas preestablecidos y ha creado un escenario muy distinto.

Volviendo a la responsabilidad a la que se aludía al principio: es el momento en el que todas las partes implicadas en este delicado proceso, comenzando con los sindicatos -que pretenden fijar su posición la próxima semana-, tomen decisiones que impidan que se produzca un frenazo en el camino emprendido. La fusión con Unicaja es, hoy por hoy, y tal como se está planteando, la única posibilidad real de que las entidades partícipes en el proceso mantengan su identidad en el ámbito territorial en el que están instaladas hace muchos años. Y al mismo tiempo de que se aprovechen de los beneficios inherentes a un proyecto tan ambicioso. Lo que está en juego es, ni más ni menos, un instrumento financiero clave para el futuro de la Comunidad.

L os riesgos de perder de vista estas directrices que dicta el sentido común no son pequeños. Un fracaso a estas alturas, podría conducir directamente a la intervención del Banco de España. Y ese escenario no puede traer nada bueno desde muchos puntos de vista incluido el laboral. No parece que sea este el momento de tensar cuerdas. Más bien al contrario.