Vacaciones fiscales y la razón de la Junta

El Tribunal de Justica de la Unión Europea (UE) confirmó ayer la ilegalidad de las llamadas vacaciones fiscales vascas impulsadas por el gobierno de Vitoria en 1993 y que proporcionaban a las empresas de nueva creación la exención total del pago del Impuesto de Sociedades durante diez años. La sentencia, ante la que no cabe recurso, decreta que las empresas deben devolver esos beneficios y pone fin a un contencioso jurídico de casi dos décadas. Aunque las diputaciones forales vascas aseguraron que la sentencia «carece de efectos prácticos», pues sostienen que las ayudas correspondientes a vacaciones fiscales ya fueron devueltas, la sentencia viene a avalar las tesis de La Rioja y de Castilla y León en el sentido de que constituyen ayudas estatales incompatibles con el mercado común y un privilegio inadmisible.

Más grave aún, porque la aplicación abusiva del llamado concierto económico vasco generaba desigualdad y discriminación, ahora definitivamente anuladas.

Paradójicamente a esa situación se llegó con el firme apoyo del Gobierno central a las tesis de las diputaciones vascas y el blindaje en el Parlamento a sabiendas del perjuicio que esta posición supondría para todos los españoles, a los que además ahora nos hace corresponsables de las multas impuestas por Bruselas.