Deuda municipal, debate y transparencia
A sólo unas semanas de que se conozca la deuda real del Ayuntamiento de León, que certificará una auditoría, el equipo de gobierno adelantó ayer que sin duda supera los 400 millones, es decir, 70 más de la que los populares calcularon cuando accedieron a la alcaldía y 150 más que la que aseguraron dejar los socialistas, que se marcharon afirmando que en cuatro años de gestión habían reducido a 250 los 268 millones que dejó el equipo de Mario Amilivia. Es más, hace unas semanas se conoció que el déficit en caja del Ayuntamiento —la cuenta con la que se afrontan los pagos inmediatos, el día a día— era de 82,3 millones de euros y ayer mismo se advertía también desde el equipo de gobierno que existen facturas por importe de 50 millones que no se habían incluido en los presupuestos.
Las matemáticas son una ciencia exacta que pierden todo el rigor cuando se mezclan con la política. Los datos sobre la deuda municipal que defienden unos y otros no son precisamente coincidentes y las diferencias son lo suficientemente llamativas —escandalosas— como para exigir a unos y a otros un mínimo de cordura y responsabilidad. Eso en primer lugar, y en segundo, para constatar que sólo un profundo ejercicio de transparencia puede arrojar luz sobre una situación difícilmente explicable y terriblemente enojosa para los ciudadano, absortos por el descontrol que existe sobre los dineros públicos y la ligereza con la que los políticos se toman esta cuestión. Ante tanta terquedad no hay más soluciones que la de una auditoría que, aunque cueste los 130.000 euros que se anuncian, presente con claridad meridiana el estado de las cuentas municipales, cuyos resultados deben ponerse de inmediato a disposición de todos los leoneses utilizando los mecanismos que ahora hacen más fácil el acceso a la información. Las opiniones son libres y los argumentos variados, pero las cifras no se discuten. La transparencia no puede ser nunca un concepto vacío, sobre todo cuando se ejerce una responsabilidad pública y se maneja el dinero de todos. Es una exigencia ineludible para todos, un primer deber para el político y un derecho insoslayable para el ciudadano.