Despilfarro y responsabilidad penal

La dramática súplica de ayuda por porte del alcalde de Cacabelos a la Junta y el Gobierno para que avalen un crédito que permita al Ayuntamiento afrontar los pagos más perentorios, como las nóminas de los empleados, ponía en boca de todos y en la conciencia de la ciudadanía un problema que no es particular, sino general de los municipios, por más que en este caso se haya llegado a una situación de bancarrota. Se conocía también a lo largo de la semana que la deuda de los diez más importantes de la provincia supera los 566 millones, con la capital a la cabeza (unos 400), seguida por San Andrés (72,5), Ponferrada (35,6), Villaquilambre (13,8) y Villablino (13,1). Es más, el déficit de los dos primeros triplica su presupuesto anual. Lejos de pretender establecer paralelismos entre una situación y otras, en las que las responsabilidades políticas son desiguales, lo cierto es que el despilfarro ha sido frecuente en los últimos años en muchos gobiernos municipales, que han elevado los gastos de los ayuntamientos muy por encima de sus posibilidades reales. Ahora, con el agua al cuello por los créditos y sin posibilidad de ampliarlos, se echan las manos a la cabeza, se reclama máxima austeridad y se apela a la responsabilidad política compartida.

Curiosamente, al mismo tiempo que se conocían esos datos, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, presentaba el jueves el informe anual de su institución ante el Congreso de los Diputados y anunciaba que planteará al Ministerio de Justicia que estudie la tipificación como delito del despilfarro de los recursos públicos. Nuestro Código Penal exige el ánimo de lucro en el delito de malversación, por lo que se trataría de reducir esta exigencia para castigar también el despilfarro irreflexivo, imprudente e incluso el que es consecuencia de la incompetencia. La idea ha trascendido y se adecúa perfectamente a lo que exige la ciudadanía. Es más que probable que su aplicación acabase con ciertas frivolidades y ligerezas de nuestros mandatarios políticos, frecuentes autores de millonarias e inútiles inversiones sin más objetivo que la megalomanía y sin otro afán que el de perputuarse. Cuando no peor.