editorial
El TSJ obliga a la reflexión en Serfunle
Un nuevo auto judicial ha venido a poner en entredicho las tarifas que aplica Serfunle y cómo las aplica a la hora de gestionar el entierro de una persona. Este nuevo varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que paraliza de forma cautelar los descuentos que en estos momentos la empresa funeraria de León aplica a las aseguradoras, deja al descubierto una política tarifaria cuando menos injusta, porque discrimina usuarios, entre los que llegan de la mano de una entidad aseguradora y aquellos que lo hacen de forma particular. El auto del TSJ es claro y dice textualmente que «los descuentos sobre las tarifas no encuentran amparo en ningún precepto legal», razón por la que ordena su paralización inmediata, toda vez que Serfunle había hecho caso omiso a otros autos ya dictados en el 2010 y en el 2009.
Además, el TSJ reprocha claramente que la mancomunidad haya ido variando los precios públicos en función de las decisiones judiciales adversas que ha ido teniendo, para así seguir manteniendo su «filosofía discriminadora». El auto, además de un golpe en la línea de flotación de la mancomunidad, obliga a los representantes de los ayuntamientos que se sientan en el consejo de administración a tomar cartas en el asunto, no en vano Serfunle es todavía hoy una empresa mixta con mayoría de capital (51%) público. León, con el 85%, es el Ayuntamiento que domina el Consejo y es el que está obligado a liderar una gestión limpia y que esté fuera de toda duda legal. Son ya demasiadas las sentencias en contra que ha tenido el servicio funerario de Serfunle, más bien la gestión que se ha hecho, y ha llegado el momento de que las administraciones públicas, además de León, Villaquilambre (5%) y San Andrés (10%), con representación en la mancomunidad exijan el cumplimiento de las sentencias y, sobre todo, cumplir con la legalidad vigente. El auto en contra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga a la reflexión de todos en Serfunle, porque se trata de un servicio básico para la ciudadanía.