Una victoria descontada

Desde 1982, cuando el naufragio de la UCD franqueó la llegada al poder de Felipe González, no se recuerdan unas elecciones generales menos reñidas. En el pasado hubo varias en las que, habiendo un claro favorito, quedaba la duda sobre si la ganaría por mayoría absoluta. A tenor de las encuestas, en la presente ocasión esa mayoría se da por descontada y solo está por conocer su holgura. Mientras Rajoy aspira a romper el techo electoral de Aznar en el año 2000 (183 diputados), el objetivo de Rubalcaba es mantener el suelo socialista por encima de los 125 obtenidos por Almunia en esos mismos comicios.

Esta perspectiva ha convertido a Rajoy en una especie de presidente in pectore, figura que el propio interesado ha asumido e interiorizado hasta el punto de dirigirse a la opinión pública como si ya estuviera en el cargo. De ahí que, aparte de no querer concretar futuras medidas impopulares (cosa normal en cualquier programa y campaña), huya como gato escaldado de grandilocuentes promesas electoralistas que de antemano sabe que no podrá cumplir. Para quien no tiene ninguna posibilidad de gobernar esos anuncios quedan en simples brindis al sol que nunca podrán verificarse. Pero quien está seguro de que va a gobernar sabe que esas promesas incumplibles se tornan antes o después en un bumerán político que mina cualquier credibilidad. Por eso el anuncio de crear 3,5 millones de empleos realizado por el locuaz González Pons fue inmediatamente desactivado desde la propia dirección del partido. Rajoy es consciente de que el mero cambio de gobierno no se va a traducir desde el día siguiente en creación de empleo y que ni siquiera es descartable que en el 2012 siga creciendo el paro.

Dado que el propio Rajoy se ve ya como presidente, a las comunidades autónomas gobernadas por el PP les convendría ir abandonando el discurso político victimista mantenido frente al gobierno Zapatero. En enero ese discurso habrá prescrito y comenzará a volverse en contra de quienes ha usado y abusado del mismo. El rotundo posicionamiento de Juan Vicente Herrera a favor de la recuperación del Impuesto sobre el patrimonio quizá haya que situarlo en este contexto. Una vez que Rajoy ha dejado claro que no piensa derogarlo, a los gobiernos autonómicos del PP les toca aceptar esa medida póstuma del gobierno socialista, contra la que la mayoría de ellos no han dejado de despotricar.

Realizada la mudanza en La Moncloa se supone que Rajoy se hará cargo de las grandes reivindicaciones del gobierno Herrera, entre otras los 724 millones de euros reclamados de la financiación autonómica, el acuerdo sobre la gestión de la cuenca del Duero o la correcta valoración de las competencias en Justicia. ¿O no?