Desprofesionalizar la política

El PP está recogiendo iniciativas espontáneas de los ciudadanos para considerar la posibilidad de incluirlas en su programa electoral y, como es natural, muchas de las ideas que llegan a la formación conservadora están impregnadas del espíritu que ha caracterizado al 15M, tendente a aproximar la política a la sociedad, a reducir las burocracias, a mejorar los cauces de participación, a perfeccionar los sistemas de representación, etc.

Entre las sugerencias más citadas, están la limitación de mandatos; la reducción del número de parlamentarios, tanto estatales como autonómicos; la reducción del tamaño de las corporaciones locales y de los gobiernos regionales, etc. Iniciativas todas ellas que tienden hacia una desprofesionalización de la política, esto es, a una reducción de los cargos públicos que hayan de ser ocupados por profesionales de la política, lógicamente retribuidos. Lo que a su vez sugiere que, en lugar de promover recortes cuantitativos, los partidos harían bien, si quieren atender la demanda social, avanzando en esta vía de desprofesionalización.

En lo tocante a la reducción de efectivos en las cámaras legislativas estatales y autonómicas, la Constitución diseña con bastante rigidez el Congreso y el Senado. El artículo 68 dispone que «el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados». Y el Senado está todavía definido con más precisión por el artículo 69: habrá cuatro senadores por provincia, salvo en las provincias insulares en que las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) tendrán tres y uno las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma; Ceuta y Melilla elegirán dos senadores cada una, y cada comunidad autónoma elegirá además, por sufragio indirecto, un senador más otro por cada millón de habitantes. La reducción de efectivos en la Cámara Baja —se podría bajar de 350 a 300— tendría, pues, escaso alcance. Y el Senado no puede tocarse sin reformar la Constitución.

Sí puede llevarse a cabo en cambio una reforma profunda de los parlamentos autonómicos y de las asambleas municipales, en que la profesionalización no es indispensable. En muy dudoso que las cámaras regionales, cuya tarea legislativa es escasa y la función de control, sencilla, requieran políticos profesionales y retribuidos. Tendría sentido desprofesionalizar esta tarea y ponerla en manos de ciudadanos que dedicaran a dicho servicio una parte de su tiempo, con gastos pagados mediante dietas pero sin retribución por su labor. Y lo mismo podría decirse del escalón municipal.

Hay, en definitiva, un vasto campo de reformas posibles. Tan posibles como poco probables porque nunca es fácil que la clase política renuncie a incrementar por sistema su tamaño y su capacidad de control.