El Itacyl acapara la gestión agraria

El colectivo de empleados públicos, funcionarios y personal laboral, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León quiere manifestar ante la opinión pública su malestar, indignación y disconformidad con el derroche de dinero público que se está produciendo con la potenciación de una empresa pública: el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), ente público que se rige por el Derecho Privado.

El Itacyl creado por Ley en mayo del 2002 inicia su andadura en el 2003 con un presupuesto de 25 millones de euros siendo en el 2011 de 155 millones de euros. Este crecimiento ha ido acompañado de un traspaso de competencias desempeñadas tradicionalmente por los funcionarios, y por tanto de una disminución de su carga de trabajo y de una reducción de ejecución de inversiones por parte de los mismos. Mientras tanto el número de empleados del Itacyl ha pasado en 8 años de cero a 350.

Desde el 2003 se han encomendado al Itacyl, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, 329 actuaciones en materia de Reforma y Desarrollo Agrario por valor de 356 millones de euros y otras actuaciones en materia de construcción de centros, gestión de la PAC, Programas de Desarrollo Rural, Industrias Agroalimentarias y estudios técnicos por valor de 18,5 millones de euros. Solamente en los dos últimos años se ha encomendado a esta empresa la gestión de créditos a la industria agroalimentaria por valor de 117,44 millones de euros. Pero también se está traspasando competencias en sanidad vegetal y otras áreas propias de funcionarios. En suma se está construyendo una Consejería de Agricultura y Ganadería paralela, cuya gestión es difícil de controlar y donde se puede contratar personal de forma discrecional.

Pero lo más indignante de todo esto es que se está dejando sin trabajo al personal funcionario de estas materias, empleados públicos muy especializados y altamente cualificados, que garantizan objetividad y calidad en los trabajos, y se está encomendando a un personal sin experiencia, que ha accedido a estas empresas, en el mejor de los casos, a través de una entrevista y sin cumplir los criterios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Ley de la Función Pública para los funcionarios. Por poner un ejemplo, en León en este momento, existen 36 funcionarios en activo realizando prácticamente solo trabajos de mantenimiento de zonas de concentración y regadíos ya finalizadas, mientras que las nuevas inversiones se están encomendando al Itacyl.

Pero no contentos con esto y para mayor escarnio de los funcionarios, la Junta de Castilla y León ha tomado la decisión de trasladar la sede del Itacyl de algunas provincias a las dependencias de las Delegaciones Territoriales, cuando existen dependencias de la Junta pagando rentas de alquiler. Nos invaden las competencias, nos dejan sin trabajo y encima nos echan de nuestras dependencias públicas. ¿Pero qué es esto?. Nos sentimos como si nos hubieran quitado a nuestro cónyuge, se hubiesen acostado en nuestra cama, se hubiesen puesto nuestro pijama o camisón y encima nos hubiesen puesto en la calle.

Todas estas decisiones, además de ser injustas, despilfarradoras de medios públicos e injustificables, son de dudosa legalidad, porque la encomienda de gestión con empresas públicas, figura administrativa recogida en el artículo 15.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indica que «la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos público podrá ser encomendada a otros órganos, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño». Evidentemente los trabajos en materia de reforma y desarrollo agrario son competencia de las Áreas de Estructuras Agrarias de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, órganos éstos que han dado prueba sobrada de una eficacia demostrada y que poseen los medios personales suficientes para su desempeño, igualmente sucede con los créditos a la industria agroalimentaria, competencia de las Secciones de Industrias Agrarias, o con actuaciones en materia de sanidad vegetal que le corresponden a las Secciones de Sanidad y Producción Vegetal.

Por otra parte el artículo 3.5 de la Ley 7/2002, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, dispone que «Queda excluido de las competencias y facultades del Instituto el otorgamiento de ayudas a las inversiones realizadas por empresas o particulares» lo que hace inexplicable la gestión de la concesión de créditos a la industria agroalimentaria por el Itacyl.

Estas irregularidades están siendo estudiadas para su denuncia ante las instancias judiciales oportunas.

¿Cómo se puede explicar que en una situación de crisis generalizada, como la actual, se esté produciendo un fortalecimiento de un ente público que se rige por el derecho privado como el Itacyl, cuando en la mayoría de las Comunidades Autónomas se están suprimiendo Empresas Públicas?.

Es indignante y se escapa de toda lógica, que en la situación actual que vive la Comunidad de Castilla y León, con recortes en prestaciones sociales básicas como Sanidad y Educación, se esté potenciando empresas públicas a costa de tener a los funcionarios de brazos cruzados. ¿No es más necesaria la asignación de estos recursos personales a los servicios de urgencia de hospitales o a otras prestaciones sociales básicas o en potenciar las pymes?.

Señor presidente de la Junta, no le pedimos dinero, no le pedimos privilegios, sólo le pedimos que sean respetados nuestro derecho al trabajo y nuestra dignidad. Sólo le pedimos trabajar.