El debate es la prejubilación, no otro

Vino Óscar López, secretario regional de los socialistas, a suturar la herida abierta en el PSOE leonés por la renuncia de Francisco Fernández a sus aspiraciones y cargos políticos como consecuencia del escándalo de la prejubilación. Quiso hacerlo proclamando que el ex aspirante a diputado «ha sabido interpretar el sentimiento de los militantes y simpatizantes» del partido quizá en un nuevo intento de confundir y desviar la atención de la esencia de un problema que no es estrictamente político, sino más bien moral. Debe saber López, que condena los pagos millonarios a altos cargos y paradójicamente justifica el del ex alcalde, que lo que preocupa a los ciudadanos no son las consecuencias políticas de lo ocurrido, sino la causa que las desencadena, es decir, la posibilidad de que alguien arregle una indemnización de 554.000 euros que no cabe en ninguno de los supuestos de solución para su relación laboral con la entidad, por mucho que se pretenda —Fernández no es un empleado más, sino un directivo—, ni en la situación coyuntural derivada de la fusión que afectará a ochocientos trabajadores con ese derecho, justamente el que él, en situación de excedencia, no tiene.

Es una operación que está bajo sospecha y eso lo ha entendido perfectamente el consejo de administración de la Caja, que exigió por unanimidad que se estudiase su revocación, y lo saben los socialistas, especialmente quien desde ayer dirige el PSOE leonés: Pedro Muñoz negoció con el PP los acuerdos en relación con la entidad. No se entiende —o quizá sí— que los socialistas sigan tratando de derivar el debate hacia lo estrictamente político —la dimisión—, en un intento de tapar el escándalo —la prejubilación—, cuando deberían ser los más interesados en acabar con una situación de imprevisibles consecuencias políticas, para ellos, y profesionales, para los otros.